La corrupción que corroe el país ha tenido como blanco en los últimos meses a gobernadores y ex gobernadores mexicanos, razones estructurales y políticas explican el porqué de estos abusos de los virreyes mexicanos, quienes aprovecharon la alternancia y los excesivos recursos petroleros que llegaron a las arcas de sus estados para pecar y delinquir.

El sábado pasado se reunió por primera vez, desde que lo eligieron en enero, el Consejo Político Nacional del PAN.

Ayer eran minutos más de las 11 de la mañana, cuando trascendió que la administración de Donald Trump está considerando una orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). De inmediato eso generó la depreciación del peso frente al dólar y más tarde la administración estadunidense anunció su propuesta de reducir las tasas de impuesto sobre la renta de las personas físicas y las corporaciones.

En el río de la selección de candidato o candidata panista a la Presidencia de la República aún falta por pasar mucha agua y aunque hay señales de un posible acuerdo entre el presidente nacional Ricardo Anaya y la aspirante Margarita Zavala de Calderón, el poblano Rafael Moreno Valle no deja de poner el dedo en el reglón y hace todo lo que esté a su alcance para ser nominado.

Mientras los mexicanos nos entretenemos con la captura en Guatemala del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y la posibilidad de su extradición, y la inminente expulsión del diputado federal Alejandro Armenta del PRI, en Estados Unidos el Presidente Donald Trump firmó el martes una orden ejecutiva que es identificada como “compra americano, contrata americanos”, con la que puso barreras a las visas de trabajo legal para los extranjeros mejor preparados, entre ellos miles de mexicanos, y amenazó nuevamente con la revisión del Tratado de Libre Comercio y si no es a modo de su país dirá Adiós al acuerdo.

En el fin de semana, Sábado Santo a las 21:01 tiempo del centro de la República Mexicana, Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, fue detenido en Guatemala en el hotel La Riviera de Atitlán, en Panajachel departamento de Sololá, a 210 kilómetros de Tapachula, Chiapas. Paradigma de la corrupción que engendra el poder político sin importar partido en México y perteneciente a la generación que calificó el Presidente Enrique Peña Nieto como “El Nuevo PRI”, el veracruzano fue capturado en un pasillo rumbo al lobby cuando salía de su habitación, la 505. Caminaba solo y fue capturado por oficiales de la Policía Nacional Civil guatemalteca. En el operativo, coordinado por la Oficina Central de la Interpol en Guatemala, participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República y la División de Seguridad Regional de la Policía Federal. Los efectivos mexicanos observaron a distancia la detención, pues no pueden hacer capturas en territorio extranjero. Fuentes allegadas a la captura trascendieron que el político veracruzano no opuso resistencia y se mostró soberbio. 

El próximo lunes 3 de abril empezarán las campañas electorales a los gobiernos de los estados de México, Coahuila y Nayarit. Será la aduana previa a las elecciones presidenciales de 2018 y a 14 meses de esa jornada dos fuerzas políticas se disputan las preferencias: PAN y Morena, dejando en tercer lugar a un PRI que cada mes sigue perdiendo puntos.

Mientras hay una coincidencia plena de los actores políticos en el país de que los candidatos presidenciales para 2018 se definirán a partir de los resultados de las elecciones estatales de junio, especialmente la del Estado de México, los calderonistas mostraron su nerviosismo y presionaron esta semana a su dirigencia nacional para que designe sin consulta a Margarita Zavala como su candidata.

Mientras Andrés Manuel López Obrador recorre el país como el candidato favorito, las encuestas dan al dirigente de Morena como el que más crece y en primer lugar, el resto de los partidos mueve a sus aspirantes a la Presidencia y lanzan señales para ser tomados en cuenta como contendientes fuertes, capaces de ganar las elecciones de 2018.

La decisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de señalar a autoridades de los gobierno federal, estatales y municipales de Puebla y Tlaxcala por “incurrir en omisiones para resolver la contaminación del río Atoyac”, es la mayor presión política que se haya ejercido para actuar en lo que es de todos conocido: el envenenamiento diario del afluente.