En el fin de semana, Sábado Santo a las 21:01 tiempo del centro de la República Mexicana, Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, fue detenido en Guatemala en el hotel La Riviera de Atitlán, en Panajachel departamento de Sololá, a 210 kilómetros de Tapachula, Chiapas. Paradigma de la corrupción que engendra el poder político sin importar partido en México y perteneciente a la generación que calificó el Presidente Enrique Peña Nieto como “El Nuevo PRI”, el veracruzano fue capturado en un pasillo rumbo al lobby cuando salía de su habitación, la 505. Caminaba solo y fue capturado por oficiales de la Policía Nacional Civil guatemalteca. En el operativo, coordinado por la Oficina Central de la Interpol en Guatemala, participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República y la División de Seguridad Regional de la Policía Federal. Los efectivos mexicanos observaron a distancia la detención, pues no pueden hacer capturas en territorio extranjero. Fuentes allegadas a la captura trascendieron que el político veracruzano no opuso resistencia y se mostró soberbio.
Corren versiones y distintas dudas de si fue una captura “concertada” donde hubo negociaciones, por ejemplo la no detención de la esposa del ex gobernador que está involucrado en algunos de los delitos por los que se le acusan, pero no apareció su nombre en la petición policiaca de captura.
Que sólo servirá de pantalla para el PRI, en momentos difíciles por las elecciones en el Estado de México, Nayarit y Coahuila, también en Veracruz se renuevan 210 presidencias municipales en junio próximo.
Los ciudadanos dudan que se aplique la ley y le quiten a él y sus cómplices los miles de millones de pesos con que defraudó al erario público, por lo que vale la pena ver los delitos por los que lo acusan.
En abril de 2016, el ahora gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, denunció a Duarte por presunto lavado de dinero por 3 mil millones de pesos; anteriormente había acusado al mandatario de utilizar recursos públicos para temas personales.
Fue en septiembre del mismo año que la PGR atrajo las investigaciones en su contra, luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunciaron que auditaban al gobernador de Veracruz y a seis funcionarios más por su presunta relación con empresas fantasma en un fraude al gobierno estatal, denuncia que llevó a cabo el periódico digital Animal Político y no precisamente autoridades de ningún nivel.
Por esas acusaciones, la PGR abrió dos carpetas que se componen de 14 tomos y 81 anexos contenidos en 18 cajas. Los delitos por los que investigan a Duarte son: enriquecimiento ilícito, peculado, e incumplimiento del deber legal Miguel Ángel Yunes presentó denuncias el 3 de abril y el 26 de mayo de 2016, todavía en su calidad de gobernador electo ante la Fiscalía veracruzana, en las que acusó a Duarte de adquirir propiedades por más de 3 mil millones de pesos de las arcas públicas, así como de un presunto robo de 675 millones de pesos destinado a ayuda social.
De acuerdo con la denuncia, Duarte posee 25 propiedades en Texas y tiene 40 prestanombres que le ayudan a evadir la justicia.
Yunes también acusó a Duarte de peculado, el cual, de acuerdo con el Código Penal Federal, se define como “todo servidor público que para usos propios y ajenos distraiga de su objeto dinero, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al estado”.
Dijo que Duarte participó en un presunto desvío de 35 mil millones de pesos para beneficiar a personas cercanas a él y no cumplió con sus responsabilidades en el cargo, al defraudar a la ciudadanía mediante el desvío de recursos para ayuda social.
Ayer, jueces locales liberaron dos órdenes de aprehensión más contra el ex gobernador de Veracruz.
En conferencia de prensa Yunes Linares informó ayer domingo:
“Han sido libradas por jueces locales dos órdenes de aprehensión adicionales y la Fiscalía del estado se sumará a la petición de extradición que realizará el Gobierno de la República. Hay más órdenes de aprehensión que ejecutar y desafueros en marcha. Tendrán que responder y devolver lo robado todos los cómplices del saqueo”, precisó.
El panista hizo un reconocimiento público a la labor del gobierno federal, al que deslindó de cualquier posible complicidad con Duarte.
Ahora el gobierno mexicano deberá presentar formalmente la solicitud de extradición antes de 60 días contados a partir del sábado pasado.
Por lo pronto, la defensa de Javier Duarte estaba ayer en Guatemala, tras confirmar que los buscó el ahora detenido para solicitar ayuda en el trámite de extradición.
La defensa legal de Duarte comentó que tiene la estrategia legal para la extradición y para el juicio que enfrentará en México.
De entrada presentarán argumentos en los cuales tratarán de demostrar que el delito de delincuencia no está configurado y los delitos de fraude y peculado no son graves y por tanto buscarán que su cliente permanezcas en libertad, proceso que iniciarán a partir de hoy.
Empieza ahora el verdadero proceso para aplicar la justicia y saber si va en serio la lucha contra la corrupción de la que tanto hablan los políticos mexicanos.
La detención tendrá implicaciones política, el PRI intentó de inmediato colocarse la medalla, pero la detención es apenas un paso de un largo proceso donde Duarte y sus cómplices, incluidos sus familiares, deberán responder incluso con cárcel y devolver los millones que robaron al pueblo veracruzano.
De no conseguirse la aplicación severa la ley contra la corrupción, que exige la sociedad mexicana, la detención del ex gobernador de Veracruz quedará sólo como una anécdota más de Sábado de Gloria.
Los mexicanos demandamos mucho más que una quema de Judas.
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