No cabe duda que la corrupción en México pasó de ser un problema social cuya ejecución se hacía en la oscuridad de los arreglos entre particulares y gobierno, a un delito sin temor al escarnio público.

Durante décadas, la corrupción como un mal social ha permitido el avance de diversos proyectos en perjuicio de cientos de miles de personas, pero cuando la corrupción era detectada, las instituciones del Estado actuaban.

Es verdad que la actuación del Estado mexicano obedecía quizá más al temor de la vergüenza pública o mediática que a una verdadera lucha contra este delito que aqueja al país administración tras administración.

Sin embargo, hoy hay que reconocer que con la llegada de la 4T la corrupción no sólo no se fue del país ni de la cultura de los mexicanos, sino que se institucionalizó a modo de que el propio Estado mexicano es el que a través de las instituciones, formalizaron actos delictuosos como un quehacer gubernamental.

Vea usted el siguiente caso amable lector.

El caso Altos Arcos documentado por el periódico del oficialismo La Jornada, es un claro ejemplo de cómo sin temor al escarnio público, instituciones del Estado mexicano participaron en uno de los fraudes más escandalosos de la región centro del país.

Se trata de un esquema el cual bauticé como el ‘fraude perfecto’, porque a través del despojo de un predio, se dio inicio a uno de los delitos más escandalosos de los últimos años en los límites de Puebla y Tlaxcala, en donde la constructora que responde a la razón social SUZARI S.A. de C.V., realizó operaciones avaladas por la notaría pública número 29 del abogado Víctor Manuel Cortés, para que con un instrumento notariado a través de firmas falsas, un grupo de vivales se apoderaran de 2.5 hectáreas para ahí construir a través de la fiduciaria CUFRISA S.A. de C.V. cuyo presidente de acuerdo a la página de CONDUSEF responde al nombre de Samuel Fernando Frías Velásquez y con dinero del INFONAVIT, edificios departamentales los cuáles fueron puestos a la venta obteniendo como ganancias, los ahorros de los trabajadores que compraron departamentos sin conocer el monumental fraude con el que se edificaron dichas viviendas.

Para que entienda usted más el tamaño del problema:

• Notario 29 de Puebla avala con firmas apócrifas una enajenación de un bien a favor de una empresa constructora (SUZARI S.A de C.V.).

• La empresa (SUZARI S.A de C.V.) junto con otra empresa fiduciaria que responde al nombre de CUFRISA S.A. de C.V., construyen con recursos del INFONAVIT, un complejo departamental en la zona de Ixtacuixtla, Tlaxcala, a 25 minutos del municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.

• Dichos departamentos fueron vendidos a derechohabientes del INFONAVIT.

• El recurso de los ahorros y de la construcción se quedó en manos de los empresarios y constructores.

Pero esta trama que usted está leyendo amable lector, no es una historia sacada de la imaginación de quien esto escribe, se trata de una sentencia civil que al día de hoy, obliga a los acusados Gregorio Olvera y a las empresas Grupo Suzari S.A. de C.V., y CUFRISA S.A. de C.V. el pago por más de 14 millones de pesos, incluyendo la devolución del predio con los edificios que ahí se construyeron a favor de los afectados que serían el matrimonio octagenario Landa – Peñafiel.

La participación de los involucrados radica esencialmente en beneficiarse directamente de un documento notarial apócrifo, es decir, ilícito, como lo determina la sentencia a la que tuve acceso.

Así es como con la participación del Estado mexicano, un matrimonio fue despojado de sus bienes gracias a la corrupción que hoy está institucionalizada a través de las dependencias involucradas en este fraude monumental que apenas comienza a ver la luz gracias a los medios de comunicación.

Así con poderes notariales otorgados por la fé pública, el visto bueno del INFONAVIT y cámaras constructoras, cualquier mexicano puede perder un predio para que alguien más haga negocios al amparo del poder.

De esos que se quejaba tanto el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta es la punta del iceberg de un escándalo monumental cuya corrupción no avergüenza al menos a quienes están involucrados.

Ya veremos si este caso no le avergüenza a la actual mandataria Claudia Sheinbaum y a su director de INFONAVIT Octavio Romero Oropeza.