La corrupción que corroe el país ha tenido como blanco en los últimos meses a gobernadores y ex gobernadores mexicanos, razones estructurales y políticas explican el porqué de estos abusos de los virreyes mexicanos, quienes aprovecharon la alternancia y los excesivos recursos petroleros que llegaron a las arcas de sus estados para pecar y delinquir.
Hay detalles y casos por decenas, en este momento existen ex mandatarios estatales en la cárcel, detenidos, prófugos, investigados y bajo sospecha, de todos los colores partidistas y en estados de distintos tamaños e ingresos.
En el futuro aumentará la lista con gobernadores que hoy estan en funciones.
El más sonado caso es el veracruzano Javier Duarte de Ochoa, pero no es el único y quizá no se lleve el campeonato por ser más corrupto de sus pares.
Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que encabeza la politóloga Amparo Cazar presentó el pasado martes una investigación amplia titulada “Contratos a la Carta. Capufe Leaks”, que firma como responsable Raúl Olmos en la que da a conocer una cadena de correos electrónicos, los cuales revelan cómo trafican con información confidencial en Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) para dar ventaja a un grupo de empresas interesadas en ganar licitaciones de obra.
“Las firmas y el funcionario implicado, Mauricio Sánchez Woodworth, rechazaron hacer comentarios” explica el amplio documento.
Revela que “seis empresas nacionales han obtenido ventaja en licitaciones para el mantenimiento de autopistas y carreteras por medio de filtraciones ilegales de información en Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), lo que les ha permitido ganar contratos que superan los 770 millones de pesos –alrededor de 41.3 millones de dólares-.
“El tráfico de información ha emanado desde la oficina del número dos del organismo público encargado de administrar y modernizar las carreteras en el país, entre otras tareas. Mauricio Sánchez Woodworth, director de Infraestructura en CAPUFE, filtró datos que por ley están reservados a un conjunto de compañías para que pudieran ´competir´ con ventaja en las licitaciones. Lo hizo por medio de su cuñada, Estela Vega Montaño”.
El reportaje aporta datos duros de que las empresas involucradas recibieron con semanas de anticipación los montos máximos que puede pagar CAPUFE por obras, y detalles técnicos. “Estos datos, a la postre, han permitido a esas firmas tomar ventaja sobre sus competidores cuando se abren los concursos” concluye.
Para llegar a esos resultados “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso a alrededor de 80 correos electrónicos en los que cuatro personas, uno de ellos el número dos de CAPUFE, se ponen de acuerdo para las licitaciones. Según el contenido de esos mensajes, el esquema ha venido operando desde 2013”. Toda la información y los detalles pueden consultarse en la dirección electrónica https://contralacorrupcion.mx/web/capufeleaks/
“El tráfico de información incluyó un documento oficial de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C (BANOBRAS), que contiene los techos presupuestales de las obras de CAPUFE para 2016, calculadas en 5 mil 868 millones de pesos.
“Como se dice en ese oficio, del cual MCCI tiene copia, ese documento está reservado por 12 años, es decir, su contenido debería permanecer en sigilo hasta el año 2027.
“Tras el análisis de los correos electrónicos, los contratos amañados en CAPUFE para este grupo de empresas fueron localizados en 20 expedientes de licitaciones. Al revisar los mismos, se advierte que las empresas que tuvieron información adelantada y confidencial dejaron en el camino a 152 ofertas de otras compañías aun cuando eran más económicas que las propuestas ganadoras.
Estos contratos representaron un gasto de 707 millones de pesos del erario, pese a que hubo postores que ofrecieron hacer las mismas obras por la mitad, alrededor de 354 millones de pesos.
“Además, en documentos obtenidos para esta investigación se constató que tres de las empresas recomendadas –cuyos nombres están en los correos electrónicos- recibieron contratos por 64 millones de pesos sin licitación, autorizados por Roberto Ortega Reyes, delegado de Capufe en Morelos y hermano de Juan Carlos Ortega Reyes, encargado de la agenda de Enrique Peña Nieto desde que éste era gobernador del Estado de México y actualmente en la Presidencia.
Por la información que proporciona el trabajo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se trata de un equipo de funcionarios púbicos construido desde hace tiempo para delinquir y que se siente protegido por el poder, por ejemplo:
“El director de CAPUFE en este sexenio ha sido Benito Neme Sastre, quien presume una relación personal con el Presidente Enrique Peña Nieto: son compadres por partida doble. En septiembre del 2008, el entonces gobernador del estado de México bautizó a un hijo de Neme, y también en septiembre, pero de 2012, Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera apadrinaron a sus dos hijas, junto con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong”.
Su hombre fuerte Mauricio Sánchez Woodworth se cuidó al operar estas filtraciones. “No ha tenido contacto con los dueños de las compañías involucradas, y para no ser identificado usa el sobrenombre de “Morantes” y el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., que corresponde a un sistema de encriptación.
“La negociación con los interesados en ganar licitaciones la ha puesto en manos de su cuñada, Estela Vega Montaño, una persona sin trayectoria, aunque fuera corta, en el servicio público.
“Ella también ha tomado sus precauciones usando un correo electrónico con la clave “SLY”. Desde éste intercambia información que luego se hace llegar a los directivos de las compañías involucradas, entre las que se encuentran: Construcciones y Desarrollos (ACRE), Desarrollos Tecnológicos del Noroeste (DTN) y JADE Proveedores.
“Además de filtrar información, ella también avisó sobre las fechas en que se darían a conocer las licitaciones y algunas características de las obras en puerta.
“Las precauciones que tuvo el número dos de Capufe para no ser identificado han servido de poco ante un descuido de su cuñada. En siete correos electrónicos apareció como destinario el nombre de “Mau Sánchez Woodworth”, asociado a la clave Morantes.
“En los mensajes también usan la clave ´El Rey´ para referirse a Sánchez Woodworth a quien mantienen enterado de las negociaciones con las empresas que, según los correos, habrían pagado por la información privilegiada”.
El completo reportaje da detalles de la triangulación a través del sindicato y de su líder, menciona a las empresas involucradas y aporta información que en este momento obliga a todas las instancias federales encargadas a actuar y perseguir a los responsables, que aún cobran como funcionarios públicos en Capufe.
El texto es de Raúl Olmos, la coordinación de Daniel Lizárraga y la edición de Salvador Camarena, todos periodistas reconocidos y con una amplia trayectoria.
Concluyen: “Capufe fue consultado sobre este reportaje. Sin embargo, hasta el momento de publicarse no hubo respuesta. Además, por medio de su directora de Comunicación Social, Carolina Álvarez, envió un cuestionario a Mauricio Sánchez Woodworth sobre su papel como uno de los responsables del tráfico de información pero tampoco hubo respuesta.
“Por separado Estela Vega Montaño no atendió las solicitudes de entrevista enviadas por correo electrónico así como por mensajes de whatsApp y Facebook, además de las llamadas telefónicas.
“Al empresario Jaime de la Vega se le ubicó en las oficinas de la Constructora JADE Proveedores y Contratistas Mexicanos, localizada sobre Insurgentes 1605, al sur de la ciudad de México. Una empleada de nombre Patricia dijo consultaría con él la posibilidad de dar una respuesta a la investigación periodística, pero no sucedió así. A él también se le envió un cuestionario vía correo electrónico.
“Otras de las firmas mencionadas, Construcciones y Desarrollos ACRE así como Desarrollos Tecnológicos del Noroeste (DTN), tampoco atendieron peticiones de entrevistas solicitadas vía telefónica y por correo electrónico.
“Otras dos firmas, el grupo español Typsa así como el Grupo Socaroto fueron consultadas para la elaboración de este reportaje, pero tampoco respondieron”.
Gobernadores y ex gobernadores estan merecidamente en la picota y la pregunta es ¿cuándo le tocará castigo a los funcionarios públicos también involucrados en la corrupción? O ¿ellos son impunes como los de Capufe?
Si el gobierno federal va a actuar contra la corrupción debe hacerlo ya.
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