La decisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de señalar a autoridades de los gobierno federal, estatales y municipales de Puebla y Tlaxcala por “incurrir en omisiones para resolver la contaminación del río Atoyac”, es la mayor presión política que se haya ejercido para actuar en lo que es de todos conocido: el envenenamiento diario del afluente.
Son décadas y gobiernos de todos los niveles y partidos políticos los que han pasado y declarado en torno al rescate del río. Hasta ahora los resultados han sido negativos.
Una activista en la defensa del medio ambiente como Verónica Mastretta de Puebla Verde respondió a una solicitud de Transparencia sobre lo que hizo ella por el rescate del Atoyac a su paso como regidora en la gestión de Eduardo Rivera y contestó con la verdad: “nada”.
Sin afán de justificar a nadie, no es fácil darle una solución al tema porque se afectan intereses millonarios de empresarios y políticos que se coluden para descargar los desechos industriales a la vertiente.
Es de sobra conocido que a pesar de que algunas administraciones estatales poblanas han construido plantas de tratamiento, el agua que llega sucia con químicos y basura que se arrojan a su paso desde Tlaxcala y cruza varios municipios poblanos.
Nada ha servido para frenar la contaminación que corre a lo largo del Atoyac.
Actualmente hay funcionarios y presidentes municipales que para evadir la acción de la Conagua permiten que los industriales tiren sus desechos en los drenajes públicos para depositarlos finalmente en el río.
Evitan de esa forma la construcción y operación de plantas de tratamiento y las multas federales por sus prácticas nocivas contra la naturaleza.
Por eso es importante que haya actuado la CNDH que emitió el miércoles pasado la recomendación 10/2017, en la que advirtió que los metales pesados y contaminantes orgánicos presentes en los afluentes, provenientes de descargas municipales e industriales no controladas, “pueden tener efectos cancerígenos y otros efectos adversos en los sistemas reproductivo, inmunológico y endócrino”.
Veneno puro para los seres humanos y la naturaleza.
Consideran que así se perjudica directamente a los pobladores de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en Puebla, y de Tepetitla, Nativitas e Ixtacuixtla, en el estado de Tlaxcala.
“A pesar de que la problemática de contaminación del río Atoyac y sus afluentes es del conocimiento de las autoridades recomendadas, y que existe publicada una declaratoria en la que se especifican límites de descarga de contaminantes a este cuerpo de agua más rigurosos, no han llevado a cabo las acciones necesarias para atender el caso”, concluyó la Comisión en un comunicado emitido la misma fecha que se celebró el Día Internacional del Agua.
Subrayó que los tres niveles de gobierno incurrieron en una violación al derecho a un medio ambiente sano, al saneamiento del agua y al acceso a la información, por lo cual la CNDH recomendó a la Semarnat, Conagua, Profepa y Cofepris imponer medidas urgentes para evitar descargas de aguas negras, incrementar las estaciones de monitoreo y realizar un diagnóstico toxicológico permanente sobre los riesgos a la salud.
Exigió a los gobernadores de Puebla y Tlaxcala destinar presupuesto suficiente para la construcción, operación y mantenimiento de plantas de tratamiento para los servicios municipales, de inmediato el poblano Tony Gali anunció que en la entidad se construirán 3 plantas para tratar el agua que se arroja al Atoyac.
La CNDH recomendó a los presidentes municipales establecer como requisito indispensable para otorgar permisos de descargas la instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales eficientes con programas de mantenimiento, lo que no sucede actualmente sino que incluso toleran que arrojen sus desechos a los drenajes municipales que descargan también en el Atoyac.
La recomendación de la CNDH toca temas delicados como los problemas de salud pública que genera la contaminación del río Atoyac, que es envenenado por la corrupción de las autoridades y los intereses millonarios de industriales sin escrúpulos, que se resisten a invertir en empresas sustentables.
No piensan que ellos y los suyos también corren el riesgo de ser víctimas de la contaminación que intencionalmente propician.
De las anécdotas que se cuentan
Aquella mañana del 14 de julio de 2015, efectivos del Ejército detuvieron al teniente Marco Antonio Estrada López y a Tomás Méndez Lozano, director y jefe del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal, respectivamente, por su relación con la comisión del delito de robo de combustible a Petróleos Mexicanos.
El negocio millonario que genera este delito -información de Inteligencia federal estima que son aproximadamente mil 600 millones de pesos mensuales es decir que deja más que el narcotráfico- estaba protegido por uno de los hombres fuertes del entonces secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas.
Fue un teniente coronel el Jefe del grupo militar que actuó y de inmediato le quitó el teléfono celular al teniente, que hoy es prueba de que informaba de los operativos a sus cómplices.
Ambos exjefes policiacos se encuentran procesados porque hay pruebas de que estaban implicados en la ordeña a ductos en Tepeaca.
La detención de Estrada López y Méndez Lozano ocurrió a las nueve de la mañana, después de que un detenido por robo de combustible y presentado por ambos ante el Ministerio Público Federal denunció que los policías estatales le quitaron la mitad del hidrocarburo antes de entregarlo a la PGR.
Con esa declaración se dio aviso al Ejército, que realizó un operativo en Tepeaca, donde aprehendió al teniente Estrada López mientras conducía la patrulla PE-330 de la Policía Estatal, con placas de circulación SL-96-131.
En la patrulla se encontraron los contenedores con hidrocarburo, que junto con las armas de cargo fueron puestos a disposición de la delegación de la PGR.
Durante su traslado el teniente Estrada le propuso a sus captores la entrega de 3 millones de pesos en efectivo por su libertad inmediata.
Lo que confirma que el huachicol, como se le identifica actualmente al robo de combustible de los ductos de Pemex, es un negocio millonario que compra autoridades y pueblos.
Esos son los intereses millonarios a los que se enfrentan los niveles de gobierno, que han empezado a dar golpes severos al crimen en una batalla que apenas empieza y hoy no sabemos cómo va a terminar.
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Imagen de: Ciudadania Express
