Jueves, 09 Noviembre 2017 09:00

Un contrato misterioso

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La clase política mexicana, sin importar partido ni ideología, parece no tener límite y sólo de dientes para afuera crítica y censura la corrupción de la que es coparticipe o ha tolerado, porque así conviene a sus intereses para mantenerse en el poder.

 

Ejemplos hay muchos, los ex gobernadores priistas de una nueva generación como los Duarte de Veracruz y Chihuahua; los Moreira de Coahuila; los tamaulipecos Eugenio Hernández y Tomás Yarrignton; el quintanarroense Borge; el panista sonorense Padres, los perredistas tampoco se libran de enfrentar procesos y sospechas de enriquecimiento ilícito, como el morelense Graco Ramírez.

 

Políticos coludidos con el crimen organizado, sin escrúpulos y dispuestos a medrar con los presupuestos públicos.

 

Esa realidad que avergüenza y es tan costosa para los mexicanos.

 

Ayer, Raúl Olmos de “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” publicó un trabajo que no tiene desperdicio y que confirma que aún hay mucho mar de fondo en la corrupción mexicana que no tiene límite, como los hombres y mujeres del poder que se benefician de estos ilícitos.

 

“Un mes antes de que Felipe Calderón tomara protesta como Presidente de México, se creó en Islas Caimán una empresa ‘de papel’, que a la vuelta de pocos meses obtuvo un contrato de PEMEX superior a 10 mil millones de pesos, el cual había sido negociado por un empresario de Campeche que está casado con una actual diputada federal del PAN. “En el arranque del Gobierno de Felipe Calderón, PEMEX otorgó un contrato por 10 mil 300 millones de pesos para la renta por cinco años de una plataforma marina a una empresa recién creada en Campeche, cuyo dueño fundador es esposo de la actual diputada federal por el PAN, Rocío Matesanz Santamaría. “A la semana de haberse asignado el contrato, las acciones de la empresa campechana fueron transferidas a dos sociedades “de gaveta” que habían sido creadas un mes antes de que Calderón asumiera la Presidencia de México en el paraíso fiscal de Islas Caimán, de acuerdo con documentos del Paradise Papers”. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad es una asociación civil sin fines de lucro comprometida con la consolidación del Estado de Derecho en México, a través de una agenda integral dedicada a prevenir, denunciar y contribuir a erradicar la corrupción e impunidad que prevalecen en los sistemas público y privado de nuestro país.

 

“Busca arrojar luz sobre los actos y redes de corrupción a través de la investigación aplicada, el periodismo de investigación, el litigio estratégico y la movilización ciudadana”, precisa el organismo.

 

Agrega el trabajo de investigación:

 

“Con el contrato de PEMEX en la mano, aquella empresa de reciente creación se cotizó muy alto, y empezó a ser codiciada por inversionistas extranjeros que operaban desde los paraísos fiscales de las islas de Bermudas y Gran Caimán, en el Atlántico, y de Guersney, en el Canal de la Mancha. Consorcios de la India y de Inglaterra intentaron quedarse con la mayoría de la compañía. “La empresa que obtuvo contratos exprés al mes y medio de haber nacido se llama SeaDragon de México. “Su desarrollo fue meteórico. Todo empezó el 15 de marzo de 2007, en el arranque del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Aquel día, PEMEX publicó en el Diario Oficial la convocatoria para rentar, sin opción a compra, una plataforma de perforación tipo semisumergible o de barco perforador, para operar en el Golfo de México. “Al día siguiente de que se lanzó la convocatoria, dos inversionistas de Tabasco iniciaron trámites para crear la empresa. El 16 de marzo de 2007, la Secretaría de Relaciones Exteriores asignó el permiso número 0400307 para el uso de la razón social SeaDragon de México.

 

“Y justo un mes después, el 16 de abril, el empresario chiapaneco José Farrera Redondo acudió al Registro Público de Ciudad del Carmen a inscribir su nueva empresa, la cual había sido constituida ante el notario Emilio del Río Pacheco”. Dinero rápido, tráfico de influencias, ganancias extraordinarias, uso de paraísos fiscales sin declaraciones al SAT y empresarios con la protección presidencial del panista Felipe Calderón.

 

Todo un garbanzo de a libra de la corrupción que se practica en los altos niveles de política mexicana, donde lo menos que pueden presumir es de honestos.

 

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Fernando Crisanto

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