Por Fernando Crisantos Campos
Bajo la amenaza de “plata o plomo”, el crimen organizado dedicado cotidianamente al robo de combustible de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha penetrado instituciones y comunidades completas.
El estado de Puebla es hoy su epicentro.
Poblanos que conocen y han estado atentos al fenómeno delincuencial que afecta a la región conocida como “El Triángulo Rojo” señalan que hay presidentes municipales que reciben 200 mil pesos diarios de los criminales por tolerar su presencia.
Esa cantidad, que es respetable y sobrepasa los presupuestos oficiales, genera un negocio que tiene ganancias de mil 600 millones de pesos mensuales, datos consignados por organismo federales de Inteligencia.
El columnista de Excélsior Jorge Fernández Menéndez publicó ayer en sus Razones información que confirma la tragedia que vive el estado de Puebla y a la que con mucho valor empezó a combatir el gobernador Tony Gali.
La tituló “Triángulo Rojo en Puebla: 1,600 millones al mes” y ella documenta como el huachicol es uno de los principales negocios del crimen organizado.
Asegura que en muchas casos les deja más recursos que el narcotráfico, el robo de combustible de los ductos de Pemex le otorgan a los grupos criminales utilidades de unos mil 600 millones de pesos mensuales, sólo en la entidad poblana.
“El robo de combustibles se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de la delincuencia organizada que cuenta, además y en este caso con la participación de grupos sociales importantes como cómplices.
“En lo que va de esta administración se han localizado en todo el país poco más de 21 mil tomas clandestinas, las más importantes en el poliducto Minatitlán-México, que tiene 592 kilómetros de largo, de los cuales 154 kilómetros cruzan por el estado de Puebla. Allí se da la mayoría de las tomas clandestinas, en los municipios de Quecholac, Acatzingo, Tepeaca, Acajete, Tecamachalco y Palmar de Bravo.
“En esa zona, que se conoce ya popularmente como Triángulo Rojo, en lo que va de esta administración se han detectado nada más y nada menos que cuatro mil 441 tomas clandestinas. Localidades completas de la zona viven exclusivamente de esa actividad”.
Recapitula con datos precisos que en el último año sucedieron en esa región: 22 enfrentamientos con los pobladores: doce con militares, dos con la Policía Federal y ocho con elementos de seguridad de Pemex “cuando se ha intentado cerrar las tomas clandestinas, incautar el combustible robado y detener a los responsables”.
No sólo eso, con base en reportes oficiales, informó ayer que las fuerzas de seguridad se han enfrentado a manifestaciones violentas, “donde los criminales utilizan, sobre todo, a mujeres y niños, mientras que hombres armados van agazapados detrás de ellos. En este último año ha habido, como consecuencia de ello, un policía federal muerto, cuatro policías federales y dos elementos de seguridad de Pemex heridos por arma de fuego. Más recientemente, el 9 de marzo pasado, fueron secuestrados y asesinados por los grupos criminales que operan en la zona, tres agentes de la fiscalía general del estado en el municipio de Esperanza”.
Precisa que en esta región poblana que corre a lo largo de la autopista Veracruz-Puebla-México, que cruza la entidad, está dominado por el grupo Nueva Sangre Zeta, desprendimiento de los Zetas de Veracruz que surgió cuando se desmembró la cúpula de esa organización en 2015.
“Operan entre Puebla y Veracruz y son uno de los principales responsables de la violencia que afecta a ambos estados. El jefe de Nueva Sangre Zeta es Roberto de los Santos de Jesús apodado El Bucanans”.
Su lugarteniente en la entidad es su hermano Saúl “El fósil” y complementan el robo de hidrocarburos con secuestros, extorsiones y robo al transporte de carga.
Un dato que no puede soslayarse es el siguiente:
“Según organismos de inteligencia federales, los recursos que obtienen sólo del robo de combustible superan los mil 600 millones de pesos mensuales, una cantidad estratosférica que demuestra que, además, tienen que haber detrás de ellos fuertes cadenas de corrupción y comercialización”.
Unas de sus fortalezas es la complicidad de familias y comunidades completas que pagadas por ellos viven mejor que si sólo se dedicaran al campo. Niños y jóvenes son sus “halcones” y las mujeres sirven como escudo para inhibir el acceso de las fuerzas de Seguridad Pública en esa región.
Advierte el columnista que sus aliados “ponen en riesgo con ello su libertad y su propia seguridad, porque con regularidad esas tomas clandestinas generan accidentes, como el ocurrido ayer (lunes pasado) en la localidad de Progreso de Juárez, en el municipio de Acatzingo, el mismo lugar donde apenas el 7 de marzo pasado había habido una explosión en otra toma clandestina”.
Concluye que “se requiere una estrategia conjunta y común en todo el Triángulo Rojo para romper con ese negocio criminal, misma que no puede ser asumida en forma aislada por ninguna fuerza de seguridad”.
Son mil 600 millones de pesos mensuales, generados “en comunidades y municipios que, en los hechos, no están bajo control de autoridad alguna. Ese desafío es mayor y más redituable para los criminales, en muchos de los casos, que el derivado del tráfico de drogas”.
El reto es enorme, lo importante es que hay voluntad política de la autoridad estatal para hacerles frente, Esa es la razón que investiguen a los presidentes municipales, regidores y policías de las comunidades de esa región.
El Estado enfrente a un poder con capacidad de fuego y dinero, mucho dinero que riegan entre autoridades y comunidades, su verdadera fortaleza.
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