La diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (PAN), secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, cuestionó lo expuesto por el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, durante su comparecencia, ayer martes, ante las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en el marco del análisis del Quinto Informe de Gobierno.

“El secretario de la Función Pública no expuso lo que realmente le correspondía, que era ampliar lo informado en la Cuenta Pública 2022, es decir, el ejercicio de los recursos a su cargo, las acciones concretas del cuidado de los recursos públicos que le corresponde vigilar ejercidos por cada una de las entidades y dependencias públicas de la Administración Pública Federal, que son 287 en total”, indicó en rueda de prensa.

Pérez-Jaén Zermeño señaló que el funcionario tampoco mencionó los aspectos relevantes de su actividad sustantiva; “sólo expresó, en lo general, las funciones que le corresponden, la de vigilancia de los recursos públicos, en un ejercicio cuantitativo de gestión de los instrumentos con los que cuenta, como son los comités integrados en las instituciones de la administración pública que participan, la fiscalización como instrumento de combate a la corrupción”.

Sin embargo, dijo, no hubo una mención específica por lo que se refiere a lo cualitativo a la gestión de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

“No obstante, los cuestionamientos de los que fue objeto por parte de los diputados y diputadas de la oposición, fue evidente para todos, es una vergüenza y, además, ya no es sorpresa, que fue arropado por los diputados oficialistas de Morena, del Verde y del PT”, apuntó.

La diputada expuso que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha realizado observaciones mínimas de detección en los actos de corrupción, “y cuando el presidente de la República, recordémosles, le da un manotazo o rectifican resultados o se combina como el defensor oficioso de su administración, que es en lo que se ha convertido la Secretaría de la Función Pública”.

Aseguró que, del análisis de la comparecencia del secretario de la Función Pública, tanto en su exposición, como en las respuestas dadas a los diputados, “fueron evasivas, giraron en torno de la defensa oficiosa de la administración pública ante la ASF, de lo que no debe realmente preocuparse, ya que es altamente ineficiente también”.

Tras reproducir fragmentos de la participación en la comparecencia del secretario de la Función Pública, a través de un video, la cual calificó como “verdaderamente vergonzosa”, dijo que “sin preguntarle se puso a explicar cuáles son las acciones que emite la Auditoría Superior de la Federación y justificó cuál reproducción literal de lo que afirma el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, que las acciones que no implican daño al erario son susceptibles de ser aclaradas.

“En sus enredos, porque se enredó, parece que ignoran el contenido de la Ley de Fiscalización y de Rendición de Cuentas de la Federación, y en el fondo parece, fíjense que se acusan a sí mismos de hacer un deficiente trabajo”.

Explicó que la ASF es el brazo fiscalizador de la Cámara de Diputados en la aplicación de los recursos públicos y en donde éstos se ejerzan, y la SFP compete única y exclusivamente a la Administración Pública Federal, es decir, a estas 287 entidades que dependen del Presidente de la República.

Enfatizó que el secretario, en una defensa oficiosa, mencionó que las irregularidades detectadas por más de 170 millones de pesos, en el programa de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que lo administra la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPyS), que fueron observador por la ASF, ya habían sido solventados. “Yo sí quisiera, y veamos, porque en la mecánica de estas irregularidades, hay todavía situaciones insolventables”.

Por lo anterior, dijo que este miércoles verificará que en efecto estos 170 millones de pesos ya fueron aclarados y solventados, por lo que se trata de procesos concluidos y no podrá negarnos la información.

“Veamos qué nos dirá cuando le formulemos las solicitudes de acceso a la información en la Plataforma Nacional de Transparencia para ver qué nos responden, porque de las otras solicitudes que le he hecho al secretario me han reservado la información”, aseguró.

Sobre el tema de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) al frente de Ana Gabriela Guevara y las acusaciones de malversación de recursos públicos, Pérez-Jaén comentó que el secretario afirmó que las observaciones que se le realizaron a la comisión en 2022 no se encontraban aclarados los 509 millones de pesos (mdp), ya que, a la fecha, 125 mdp han sido aclarados y de los 354 mdp restantes la información fue remitida a la ASF para su valoración

“O sea, hay 354 millones que no sabemos qué pasó en la Conade, ni con Ana Gabriela Guevara”.

Respecto de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la diputada mencionó que el funcionario insistió en que fueron observados 9 mil 500 mdp en los años 2019 y 2020, lo cual en cierta forma tiene razón, pero no mencionó 2021 y afirmó que ya se solventaron 2 mil 700 mdp y quedan pendientes 6 mil 800 mdp, nada más de dos años, que se encuentran en análisis.

“Estas dos últimas, estas dos hipótesis confirman la existencia de corrupción en lo de Segalmex, a ese órgano descentralizado que creó el Presidente en enero de 2019 para mitigar la alimentación de los más desprotegidos, que ha sido un nicho de corrupción”, expuso.

La diputada afirmó que el secretario admitió la existencia de corrupción en la medida que en el procedimiento de aclaración no se pudo acreditar la justificación de las erogaciones e implican daños al erario, como lo mencionó el secretario, “que es una clara muestra de pretender ocultar la corrupción de la administración”.

Por lo que respecta al programa “Sembrando Vida”, el secretario no hizo ninguna referencia, sin embargo, dijo que ha presentado 49 denuncias por irregularidades cometidas en este programa, por un monto de 2 mil 742 mdp que han desaparecido y no ha habido los resultados que se buscaban.

“Es importante decir que las promociones de responsabilidad administrativa sancionatorias que recibe la SFP y de la ASF son para que las investiguen y siga los procedimientos que exige la ley, no para ver cómo la solventa”, concluyó.

Redacción