La ex diputada federal María Elena Pérez-Jaén Zermeño, en su calidad de ciudadana y en ejercicio de su derecho de denuncia establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), presentó ante la Contraloría Interna del Senado un escrito formal en contra del senador Adán Augusto López Hernández, por presuntas omisiones, contradicciones y falsedades en sus declaraciones patrimoniales y fiscales, que podrían constituir faltas administrativas graves, así como delitos del orden penal.
De acuerdo con la denuncia, el senador omitió declarar ingresos extraordinarios por un monto aproximado de $79,000,000.00 (setenta y nueve millones de pesos) durante los ejercicios fiscales 2023 y 2024, los cuales fueron difundidos públicamente por Televisa N+, Político MX, Radio Fórmula y Proceso, entre otros medios de comunicación.
Dichos recursos, habrían sido recibidos a través de “servicios profesionales” sin soporte documental, provenientes de empresas con vínculos previos con el Gobierno de Tabasco, y de empresas fantasma señaladas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), conforme al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Asimismo, se detectaron contradicciones entre las declaraciones patrimoniales del senador presentadas a la entonces Secretaría de la Función Pública, hoy Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y ante la Contraloría Interna del Senado; mientras que ante el SAT declaró ingresos por $58.1 millones de pesos y ante la Contraloría Senado reportó únicamente $625,793.00, configurando una discrepancia fiscal grave y una posible simulación de operaciones.
La denuncia también destaca que el propio senador reconoció públicamente haber recibido los 79 millones de pesos, alegando que provenían de herencias y asesorías jurídicas, sin exhibir comprobantes fiscales ni documentación que sustente sus afirmaciones. Dicha admisión, lejos de desvirtuar los hechos, ratifica la existencia de los ingresos no reportados, conforme a la evidencia videograbada del Canal del Congreso (26 de septiembre de 2025).
Principales irregularidades denunciadas:
- Omisión de declarar ingresos distintos en declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses.
- Discrepancias entre los montos reportados ante el SAT y los declarados a la Contraloría Interna del Senado, así también en la entonces SFP.
- Posible defraudación fiscal equiparada, conforme a los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación.
- Presunto conflicto de interés con empresas contratistas del Gobierno de Tabasco conforme al art. 3, 47, 58 y 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Violación al régimen de incompatibilidades notariales, al ejercer simultáneamente funciones públicas y actividades privadas remuneradas, art. 27 de la Ley del Notariado para el Estado de Tabasco.
- Posible enriquecimiento ilícito y cohecho, conforme a los artículos 222 y 224 del Código Penal Federal.
La denuncia solicita, entre otras medidas:
- La apertura de un expediente de investigación por faltas administrativas, en la Contraloría Interna del Senado de la República.
- La revisión exhaustiva de las declaraciones patrimoniales del senador entre 2021 y 2025.
- La intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y del Registro Público de la Propiedad para verificar la evolución patrimonial del denunciado y su familia.
- Dar vista a la UIF, la Procuraduría Fiscal de la Federación y a la Fiscalía General de la República, en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, para investigar posibles delitos de defraudación y lavado de dinero.
La ex diputada María Elena Pérez-Jaén subrayó que este caso representa un ejemplo emblemático de cómo la corrupción y la simulación patrimonial afectan la credibilidad institucional, y reiteró que “ningún servidor público, por poderoso que sea, puede estar por encima de la ley”.
Reafirmó, además, su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas, alto a la impunidad y el combate a la corrupción, exhortando a la Contraloría Interna del Senado de la República a actuar con imparcialidad, conforme a los principios de legalidad y responsabilidad administrativa.
Redacción
