La ex diputada federal del PAN, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, en su calidad de ciudadana, presentó formalmente en la Fiscalía General de la República ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, un conjunto de 37 denuncias de hechos, en contra del senador Adán Augusto López Hernández y/o quien o quienes resulten responsables, respecto a posibles irregularidades en el ejercicio de recursos federales por un monto de $765,993,759.21, realizadas durante su administración como Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.

El hoy senador Adán Augusto López Hernández asumió el cargo de Gobernador de Tabasco del 1 de enero de 2019 hasta el 21 de agosto de 2020 cuando solicitó licencia para incorporarse como Secretario de Gobernación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Sobre la fiscalización al Gobierno del Estado de Tabasco de los años 2019 y 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó numerosas irregularidades en el ejercicio de recursos federales, documentadas en auditorías específicas, de las que se mencionan algunas:

• Auditoría de 2019, 1194-DS-GF “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”, cuyos Pliegos de Observaciones suman un monto de 562,543,650.77 (quinientos sesenta y dos millones, quinientos cuarenta y tres mil seiscientos cincuenta pesos);
  
  
  
• Auditoría de 2019, 1201-DS-GF “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud” cuyos Pliegos de Observaciones totalizan 4,968,675.10 (cuatro millones novecientos sesenta y ocho pesos);
  
  
  
• Auditoría de 2019, 1202-GB-GF “Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas” cuyos Pliegos de Observaciones suman 1,304,970.94 (un millón trescientos cuatro mil novecientos setenta pesos),
  
  
  
• Auditoría de 2019, 1204-DE-GF “Participaciones Federales a Entidades Federativas” cuyos Pliegos de Observaciones dan la cantidad de 82,701,585.39 (ochenta y dos millones setecientos un mil, quinientos ochenta y cinco pesos);
  
  
  
• Auditoría de 2020, 1334-GB-GF “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal” cuyo Pliego de Observación es por un monto de 5,381,371.35 (cinco millones trescientos ochenta y un mil trescientos setenta y un pesos), entre otras.
  
  

Es importante destacar la Auditoría 1334-GB-GF (Fondo de Seguridad Pública – FASP), ya que adquiere una relevancia crítica porque fueron recursos destinados a la seguridad pública bajo la responsabilidad directa de Hernán Bermúdez Requena, entonces secretario de Seguridad Pública, nombrado por Adán Augusto López Hernández, siendo Gobernador de Tabasco.

Esta auditoría identificó:

• Falta de evidencia en la entrega de bienespor $5,381,371.35 millones de pesos, correspondientes a armamento adquirido a la Secretaría de la Defensa Nacional.
• Ausencia de garantías en obra públicae incongruencias en reportes financieros.

Estos hallazgos no son errores menores: sugieren desvío de recursos, opacidad deliberada y posible complicidad en un contexto donde Bermúdez Requena ha sido señalado como presunto líder de "La Barredora", grupo vinculado con actividades delictivas.

Estas auditorías evidenciaron falta de transparencia, incumplimiento de normativas y desvío de recursos federales que, de acuerdo con la ASF, fueron utilizados de manera irregular, no justificados y no reintegrados al erario a la fecha, configurando un daño a la Hacienda Pública Federal.

Las denuncias detallan casos específicos de presunta malversación y abuso de autoridad, entre los que destacan los siguientes:

•         Pagos a trabajadores duplicados en la nómina educativa;
•         Pagos a personas con licencia o incluso fallecidas;
•         Falta de soporte y justificación para el pago de nóminas;
•         Adquisición de vales de despensa no entregados;
•         Pagos en exceso por categorías no autorizadas;
•         Falta de documentación comprobatoria de contratos y transferencias de recursos a unidades médicas sin comprobar su aplicación en el objeto del convenio.

Estas conductas presentan las características de delitos como abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, y cohecho, tal como se desprende del Título Décimo del Código Penal Federal.

Estos hechos, entre otros, reflejan un patrón de opacidad y negligencia en el manejo de los recursos públicos.

Las denuncias se sustentan en los artículos 221, 222, 223 y 224 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen la obligación del Ministerio Público de investigar hechos que presenten apariencia de delito. Asimismo, se invocan los tipos penales previstos en el Título Décimo del Código Penal Federal, relacionados con delitos cometidos por servidores públicos.

Entre las peticiones formuladas a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción se incluyen:

1. Apertura de carpetas de investigación para cada uno de los hechos denunciados.
2. Solicitud de información a la ASF para integrar los elementos de prueba necesarios.
3. Practicar actos de investigación para determinar la existencia de los delitos y la probable responsabilidad de los involucrados.
4. Iniciar el procedimiento de declaración de procedencia (desafuero).

Debe decirse claramente que, desde la ASF, David Colmenares Páramo ha estado protegiendo al Senador Adán Augusto López Hernández. La prueba es que hay asuntos por más de 700.0 millones de pesos reportados en los Informes de Resultados de nueve auditorías realizadas a la Cuenta Pública de 2019 al Gobierno de Tabasco mismos que fueron entregados el 20 de febrero de 2021 a la Cámara de Diputados que, a más de cuatro años y medio después de su entrega, siguen apareciendo en el Sistema Público de Consulta de la Auditoría Superior de la Federación en etapa de investigación.

Lo mismo sucede con asuntos por más de 63.0 millones de pesos reportados en los informes de resultados de nueve auditorías realizadas a la Cuenta Pública 2020 al Gobierno de Tabasco que fueron entregados el 20 de febrero de 2022 a la Cámara de Diputados y que, a más de tres años y medio después de su entrega, siguen apareciendo en el Sistema Público de consulta de la Auditoría Superior de la Federación en etapa de investigación.

Esto es un vil encubrimiento del Auditor Superior de la Federación a Adán Augusto López Hernández, ex Gobernador de Tabasco, en esas componendas que hace David Colmenares con los gobernadores, presidentes municipales y personajes del gobierno federal.

Las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Gobierno del Estado de Tabasco durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020 revelan un patrón recurrente de irregularidades, opacidad y posible daño a la Hacienda Pública. Estos hallazgos no son meros procedimientos administrativos, sino que constituyen evidencia técnica y legal que sustenta demandas por malversación, negligencia administrativa y abuso de poder.

La presentación de 37 denuncias forma parte de una estrategia integral de exigencia ciudadana encabezada por la ex diputada federal Pérez-Jaén, en continuidad con dos acciones parlamentarias previas: el Punto de Acuerdo presentado el 6 de agosto de 2025 ante la Comisión Permanente, en el que se exhortó al senador Adán Augusto López Hernández a solicitar licencia y colaborar con las investigaciones sobre el grupo criminal “La Barredora”, y la solicitud de Juicio Político registrada el 22 de septiembre de 2025 ante el Órgano Interno de Control de la Cámara de Diputados, por presuntas omisiones y vínculos con funcionarios relacionados con actividades delictivas durante su gestión como gobernador de Tabasco y secretario de Gobernación.

Estas acciones, junto con las denuncias actuales, buscan responder a la evidencia de un manejo irregular y posiblemente delictivo de recursos públicos federales destinados a seguridad, educación y salud. El objetivo central es reafirmar el principio de legalidad y rendición de cuentas, sentando un precedente de que ningún servidor público está por encima de la ley. Pérez-Jaén subraya que la impunidad debilita la democracia y exige que el Ministerio Público investigue de manera exhaustiva e imparcial, fincando las responsabilidades penales que correspondan para garantizar la transparencia y la confianza en las instituciones.

Redacción