Este lunes 5 de agosto la diputada federal María Elena Pérez-Jaén Zermeño (PAN) acudió ante el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, para realizar una solicitud de amparo y protección de la justicia federal, en contra de la Fiscal en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos Borja, por la violación de su Derecho de Petición, Garantías de Audiencia, Exacta Aplicación de la Ley, Debido Proceso, Legalidad y Seguridad Jurídica y por las omisiones de respuestas.

La legisladora señaló en un comunicado que desde junio de 2022 ha presentado 205 denuncias penales en la Fiscalía General de la República (FGR), específicamente en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción que dirige María de la Luz Mijangos, por todas las irregularidades en el manejo de millonarios recursos de entidades y dependencias públicas de los funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin recibir respuesta alguna del estado que guardan dichas denuncias.

Además, la diputada federal hizo mención que el 16 de julio pasado, en su carácter de denunciante, presentó un escrito ante la fiscal Mijangos Borja solicitando la información relativa al estado que guardan las 205 denuncias, sin recibir información ni notificación alguna.

Por otra parte, Pérez-Jaén resaltó algunas de las denuncias que ha presentado, en las que ha evidenciado los malos manejos de recursos públicos, desvíos millonarios, simulaciones e incumplimientos en los contratos, obras de mala calidad, abusos en los programas sociales, entre las que se encuentran:

1) Irregularidades en las adquisiciones y contrataciones por 496 millones de pesos en la Comisión Nacional del Deporte y los abusos de su titular, Ana Gabriela Guevara.

2) 170 millones de pesos no aclarados en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro cuando Luisa María Alcalde era la secretaria del Trabajo y Previsión Social.

3) Casi 8,000 millones de pesos que los funcionarios de Claudia Sheinbaum en el Gobierno de la Ciudad de México, esfumaron y no han aclarado, y la Auditoría Superior de la Federación decidió darle carpetazo.

4) Casi 3,000 millones del programa Sembrando Vida, a cargo de Javier May Rodríguez y María Luisa Albores González, quebrantos no aclarados cuando él fue subsecretario y luego secretario, y ella secretaria de la misma dependencia, “la del Bienestar, pero de ellos”.

5) El descarrilamiento del Tren Maya en el tramo 3 de la vía, por uso de balasto y materiales de mala calidad.

6) Desaparición de medicamentos oncológicos en el Hospital Infantil Federico Gómez por un monto de 6.7 millones de pesos.

7) Denuncia al Insabi, el malogrado Instituto de Salud para el Bienestar, por la falta de esclarecimiento en las adquisiciones de ventiladores y mascarillas por un monto de casi 1000 millones de pesos esfumados.

8) Y la joya de la corrupción lopezobradorista: Seguridad Alimentaria, conocida como Segalmex, con montos determinados no aclarados, en conjunto con Liconsay Diconsa, por 19 mil 770 millones de pesos. Casi 20 mil millones de pesos que el amigo protegido de López Obrador, el señalado Ignacio Ovalle y sus secuaces simplemente desaparecieron.

Además de ello, la legisladora señaló que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción ha costado casi 224 millones de pesos durante 2024, sin justificar su valor ni funcionalidad, toda vez que “los corruptos siguen en la impunidad, los recursos millonarios siguen sin aparecer y la fiscalía no hace ni la simulación de investigar”.

Así también, Pérez-Jaén, presentó ante la FGR una denuncia en la oficina del Fiscal General Alejandro Gertz Manero, en contra de la Titular de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos Borja, por los hechos ya señalados.

Finalmente, la legisladora declaró que la omisión por parte de la fiscal reviste un acto flagrante de autoridad, que coloca a los denunciantes en estado de indefensión, al trasgredir los derechos de petición, audiencia, debido proceso, constituyendo una imposible reparación. Lo anterior, encuadrándose en el tipo penal de abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia, al retardar y negar la protección o servicios que está obligada a otorgar.

Por lo consiguiente Pérez-Jaén concluyó mencionando que además de ello, de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas, existe una presunción de comisión por obstrucción de la justicia, por lo que en la denuncia presentada solicitó al Fiscal General de la República dar vista al Órgano Interno de Control de la FGR para que, de manera paralela, se realicen los procesos, investigaciones y procedimientos administrativos que correspondan.

Redacción