La independencia judicial es un requisito indispensable para el mejoramiento del sistema de impartición de justicia en México, coincidieron las y los participantes en la sexta sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), quienes demandaron reglas claras para las promociones, cambios de adscripción y nombramientos dentro del Poder Judicial.

Al dar a conocer los primeros hallazgos del Encuentro Nacional realizado en la ciudad de Toluca, en el que participaron más de 280 personas usuarias y operadoras del sistema de seguridad y justicia, así como especialistas, integrantes de la academia y representantes de la sociedad civil de Michoacán y Estado de México, quienes moderaron alguna de las 24 mesas de trabajo identificaron que es necesario mejorar la capacitación, dotar de herramientas tecnológicas y combatir la corrupción en la investigación de delitos y en la impartición de justicia.

Al respecto, Érika Icela Castillo Vega, magistrada del Poder Judicial del Estado de México, indicó que el mejoramiento del sistema de justicia requiere fomentar la cultura de la denuncia, y evitar la corrupción; “no quedarnos callados, hacer valer los recursos que tenemos a la mano, pero en forma ordenada, en forma empática”.

“Hay una falta de atención de los servidores públicos respecto de la ciudadanía, pero también la ciudadanía debe saber que las cargas de trabajo son excesivas, que tenemos familia y requerimos de la comprensión y de esa sensibilidad por parte de la ciudadanía. Los reclamos de justicia, por supuesto que existen, pero deben de irse paliando en un trabajo conjunto entre ciudadanía y servidores públicos”, planteó.

Por su parte, Julia María del Carmen García González, magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito con Residencia en Naucalpan de Juárez, refirió que en los poderes judiciales locales no hay elementos objetivos a partir de los cuales se ingrese, se permanezca, se adscriba o se readscriba a las personas juzgadoras o bien se les ratifique, lo que complica la independencia judicial.

“Eso, desde luego, está íntimamente vinculado con los temas de independencia judicial, porque de algún modo seguimos, en algunos poderes judiciales, sobre todo locales, sigue habiendo de algún modo esa concentración del poder para presionar con los cambios de adscripción, para generar ciertos criterios”, sentenció.

En este sentido, Rafael Estrada Michel, coordinador general de Acceso a la Justicia del Poder Judicial del Estado de México destacó que la falta de estabilidad que existe en el empleo en las fiscalías, así como la falta de autonomía en los servicios periciales, merma la independencia de los servidores públicos, como en “estos muy tristemente célebres casos de movimientos de juzgadores cuándo van a resolver un asunto importante, sus restricciones, sin criterios claros”.

“Lo que se necesita es generar criterios objetivos, tanto desde la legislación; es decir, cumpliendo con el principio de reserva de ley, de tal forma que, por ejemplo, no pueda ser cambiado de adscripción un juzgador, sino cuando se presenten las hipótesis limitativas de la ley, pero también en los desarrollos normativos que se realizan a nivel de Consejos de la Judicatura; es decir, acuerdos generales para que tanto la promoción como los cambios de adscripción, así como los nombramientos y los concursos de oposición generen una estabilidad y una concordancia con lo que se ha hecho en otras experiencias que han resultado exitosas”, demandó.

Participante como moderador en una de las mesas, Froylán Muñoz Alvarado, magistrado adscrito a un Tribunal Colegiado en Materia Penal, en la ciudad de Morelia, Michoacán, consideró que es deber de la sociedad estar informada de lo que se hace en todas las áreas de la seguridad pública, de la procuración de justicia y de la función que realizan los ministerios públicos, las juezas y jueces, así como las magistradas y magistrados.

Enfatizo que si se llega a una propuesta de mejoras o de reformas al Poder Judicial, tanto el Federal como el de los estados, “que sea por las personas que tienen la práctica y el conocimiento de la función, pero que la sociedad esté enterada de eso. Por eso fue importante el día de hoy ver mesas donde están académicos, donde hay personas de la sociedad en general, incluso de otras materias que son afines”.

Finalmente, Cristóbal José Roa Tamborrell, director de carrera de la escuela de Derecho en el Tecnológico de Monterrey, señaló que es necesario hacer una evaluación de la satisfacción que tienen los usuarios del sistema de impartición de justicia del país, que permitan evaluar estos servicios hacia la sociedad en términos cuantitativos, pero también cualitativos, porque “se tiene un registro de la persona cuando llega, firma y demás, pero no se sabe si se resolvió su situación, no se sabe si la persona al final fue tratada adecuadamente, no se sabe si está satisfecha con la atención que se le dio”, indicó.

“La única forma en que podemos mejorar todo es si la ciudadanía empieza a confiar, pero para que empiece a confiar necesitan tener poco a poco esta discusión o que pase de voz en voz, que las atenciones que están teniendo son efectivas, que los casos que están teniendo sí se están resolviendo, porque también eso es un tema muy importante”, aseveró.

La sesión de Toluca fue la sexta de las 14 que se realizarán en diferentes entidades del país en el marco del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, que es el mayor ejercicio de escucha a profundidad en la materia para detectar los problemas prioritarios, así como las rutas de acción para su solución; la séptima sesión se llevará a cabo el próximo 9 de mayo en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.

Redacción