El juicio de amparo es el pilar fundamental para garantizar y proteger la integridad, la libertad, la igualdad, la seguridad, la propiedad y los demás derechos que prevé nuestro sistema jurídico; por ello, es responsabilidad y tarea de todos y todas protegerlo en su integridad, a fin de evitar que este medio de defensa sea debilitado o traicionado por algún grupo de la Legislatura, afirmó el ministro Alberto Pérez Dayán, presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte).

Al inaugurar la quinta sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, que se realizó en Mérida, Yucatán, el Ministro manifestó que la protección que ha otorgado el juicio de amparo no hubiera podido tener lugar, si no hubiera ido acompañado de una suspensión que permitiera preservar el derecho protegido por el propio medio de defensa, pues se asegura la tutela preventiva de los derechos e intereses colectivos y difusos, principalmente, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, cuyo cumplimiento y exigibilidad constituye una obligación humana a cargo del Estado mexicano.

“¿Acaso la existencia de un juicio, cuya finalidad es proteger los derechos humanos, realmente defenderá y protegerá nuestro futuro y el de nuestras generaciones, si quienes lo tramitan no pueden impedir que una actividad que impacta negativamente en él, se detenga?, ésta es una interrogante principal que nos envuelve con un gran dilema: la suspensión con efectos generales, es fundamental para defender los intereses legítimos reconocidos por la Constitución federal”, añadió.

El ministro Pérez Dayán aseguró que el juicio de amparo ha sido la vía efectiva para proteger los derechos de las personas frente a la actuación arbitraria e indebida de la autoridad, y recordó que fue en 1841, en Yucatán, cuando se dictó formalmente la primera regulación constitucional en la materia.

El también presidente de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional confió que en esta quinta sesión, que convocó a más de 240 personas operadoras del sistema de seguridad y justicia de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, será una gran oportunidad para reflexionar a profundidad sobre los problemas de seguridad y justicia que aquejan a nuestro país, así como, explorar posibles rutas de acción para atajar todos estos retos a los que, como mexicanas y mexicanos, nos enfrentamos día con día.

Explicó que las 20 mesas que conforman este foro abordarán como ejes temáticos si existe un acceso real y efectivo a servicios legales de calidad y si esto se involucra en un enfoque de derechos humanos; diversas problemáticas de la seguridad pública que sean propias de las entidades federativas participantes; problemáticas de la seguridad pública cuyo eje central siempre será dar cara a los derechos de las víctimas del delito, considerando cuáles son las obligaciones de las autoridades públicas en la persecución y sanción efectiva de quienes las transgreden; el funcionamiento del sistema nacional de impartición de justicia y la estructura institucional que lo soporta; y, por último, el funcionamiento del Poder Judicial, local y federal, considerando su calidad, su disciplina y su independencia, y los resultados que debe dar.

Durante la inauguración, María Dolores Fritz Sierra, secretaria general de Gobierno del Estado de Yucatán, agradeció se haya tomado como sede la ciudad de Mérida, Yucatán, en donde el objetivo principal es concretar una Agenda Nacional para avanzar en los temas de seguridad y justicia, abre una puerta ineludible y esperanzadora de grandes oportunidades. Agregó que es indispensable que el Poder Judicial de cada entidad federativa asuma su responsabilidad en alcanzar una efectiva impartición de justicia, toda vez que, acotó, no es posible que, por desinformación, falta de capacitación, o desconocimiento, se trate indebidamente a quienes acuden en busca de justicia.

Por su parte, el magistrado Heyden José Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana Roo, reconoció que la justicia y seguridad ciudadana, son los pilares esenciales sobre los que se construye el Estado de derecho. “Hoy, en un ejercicio autocritico, debemos partir de la premisa de que las visiones acotadas de las problemáticas que aquejan a la población, se traducen -en no pocas ocasiones- en repuestas incompletas y poco eficientes, y con eso se propicia en la sociedad una sensación de insatisfacción”, destacó.

Finalmente, la magistrada María Carolina Silvestre Canto Valdés, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán, comentó que esta entidad estructuró un diagnóstico que dio como resultado la elaboración de un Plan Estratégico Institucional.