En entrevista exclusiva para Justicia TV, el Ministro Alberto Pérez Dayán consideró que encontrar el balance entre el interés jurídico y el interés legítimo, así como mantener el ángulo Constitucional más pertinente para garantizar la protección de los derechos de alcance general será el camino ante la reciente reforma a la Ley de Amparo.

"Todos estos cambios mientras no sean del orden constitucional pasan por un examen de regularidad con la Carta Suprema, lo que importa en este caso es tratar de conectar unas y otras de las figuras con lo que la finalidad del derecho pretende, la seguridad jurídica, la vida en comunidad y la aplicación siempre correcta del derecho”, afirmó el Ministro luego de su participación en la quinta sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, organizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Mérida, Yucatán.

El Ministro estimó que los ataques no deben influir en las decisiones que hoy toma el Máximo Tribunal y aseguró que desde el Poder Judicial lo único que corresponde es continuar con el trabajo, haciendo todo ello que la Constitución ordena.

"Cualquier otra circunstancia que de nuestro propio trabajo derive será simplemente las conclusiones a las que cada quien quiere llegar. Nada de esto debe influirnos, siempre hemos sido partidarios de la convivencia armónica, en ocasiones este tipo de expresiones estimo no favorecen el desenvolvimiento más genuino de los poderes y muchísimo menos en la serenidad que nos debe caracterizar, más sin embargo pues estos aquí están y por más que existan al poder Judicial no los perturban" expresó.

Por otra parte, hizo referencia a la importancia de este tipo de foros, donde la Corte tiene una apertura importante y realiza un ejercicio de reflexión, abriéndose a conocer aquellos puntos en los que la sociedad encuentra que pueden mejorar y aquellos en los que considera que lo están haciendo bien para reforzarlos.

Entorno a la investigación que se abrió a partir de una denuncia anónima por presuntas faltas administrativas de servidores públicos que formaron parte del Poder Judicial, indicó que corresponde al Consejo de la Judicatura Federal deslindar posibles responsabilidades.

Redacción