La diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (PAN), secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, informó que este jueves presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que dé seguimiento a la denuncia en contra de Renato Sales Heredia, fiscal general de Campeche, por la desaparición de equipo de espionaje.

Asimismo, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR), que de manera urgente informe a las personas que han sido víctimas de espionaje, a fin de reparar el daño y adoptar las medidas cautelares correspondientes, incluyendo el hacer cesar las conductas ilícitas que hoy se pudieran estar desarrollando.

En conferencia de prensa acompañada de diputados de su bancada, señaló que el pasado 24 de enero la revista “Proceso” reveló conversaciones de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, vía WhatsApp, con sus colaboradores, en las que se observa, entre otros ilícitos, que cuenta con un sistema de espionaje en esa entidad federativa para golpear a sus opositores y a representantes de medios.

“Ello documenta el extravío, en el sexenio pasado, en la que fuera la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública, hoy Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de un equipo de intervención de comunicaciones de la empresa israelí, Rafael Advance Defense Systems LTD, motivo por el cual la ASF abrió un proceso penal el año pasado contra quien fuera el Comisionado de Seguridad Nacional, Renato Sales Heredia”, apuntó.

La también secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción expuso que esta cadena de sucesos da a entender que el equipo “extraviado” se llevó ilegalmente a Campeche, por el hoy fiscal general de esa entidad, Renato Sales Heredia.

Esto “podría implicar algo todavía más grave que es el hecho de que dicho software pudiera estarse utilizando para realizar campañas falsas de información, ya que podría ser la misma plataforma del sistema de explotación de la información e inteligencia, por la cual la ASF determinó que existen 807 millones 659 mil pesos pendientes por aclarar, y que derivó en la denuncia penal referida”, enfatizó.

La diputada recordó declaraciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que señalan que, si bien la intervención de las comunicaciones no está prohibida, la única vía legal para hacerlo es mediante una orden judicial, por lo que contravenir ese mandato, constituiría una violación a derechos humanos, así como un delito que debe ser investigado y sancionado.

“El tema sin duda es delicado considerando que la información publicada por la revista Proceso también muestra que, en el estado de Campeche, no sólo se realizan actividades de espionaje, sino que también se alteran e inventan conversaciones a modo con lo que se presume sería el equipo que la Auditoría ya había detectado no se pudo comprobar su existencia, y por lo que presentó la correspondiente denuncia penal”, alertó.

“Toda persona que haya sufrido presuntos actos de espionaje debe estar informada de que ha sido intervenida o vigilada, y debe conocer cuáles son las entidades públicas que lo han realizado; de manera que las víctimas y la sociedad puedan conocer la verdad respecto de dichas acciones, a efecto de procurar la inmediata reparación integral del daño”, concluyó

Redacción