La diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (PAN) informó que este miércoles la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó en el Diario Oficial de la Federación las “Modificaciones al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022”.

En un comunicado, mencionó que en dicho documento se observa principalmente la inclusión de nueve auditorías forenses, así como el cambio de enfoque de dos que ya se encontraban programadas, para que se realicen como auditorías forenses, dejando a la Dirección General de Auditoría Forense de Cumplimiento Financiero con aproximadamente cuatro meses efectivos para realizar la ejecución de todos los procedimientos necesarios para darle completo seguimiento al recurso revisado, los tiempos que conlleva solicitar la información, analizarla, practicar entrevistas, realizar compulsas y confirmaciones con terceros, la reunión de confronta, entre otros.

La anterior afirmación, dijo, deriva del estricto cumplimiento a los plazos que establece la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación para los distintos procesos en la ejecución de las auditorías, tomando en cuenta el inminente periodo vacacional de julio y el correspondiente a fin de año, lo que compromete los tiempos internos que tiene la ASF para concluir sus informes de auditoría y poder presentarlos a más tardar el 20 de febrero de 2024.

En tal virtud, indicó, si bien es cierto que la inclusión de nuevas auditorías en la programación del PAAF pudiera entenderse como algo positivo, la realidad es que pareciera más una reacción desesperada del titular de la ASF, David Colmenares, quien ahora se sabe cuestionado y vigilado por la sociedad, luego de sus últimos yerros en su actuación.

Asimismo, Pérez-Jaén Zermeño enfatizó que en las 11 auditorias forenses recién incluidas, se encuentran consideradas las tan cuestionadas entidades como Segalmex, Diconsa y Conade, a las cuales ha dado constante seguimiento y presentado diversas denuncias en materia administrativa y penal, y que en su opinión, había suficientes antecedentes para incluirse en el PAAF inicial publicado el 15 de marzo pasado.

A las entidades anteriores, comentó, se suman auditorías forenses para la Comisión Nacional de Vivienda, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de Migración, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Prevención y Readaptación Social, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.

De las entidades anteriores, la diputada panista resaltó el tema del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, entidad para la cual, al día de hoy la ASF no ha presentado los resultados de las auditorías 1717-DS y 298-DS que se practican a las cuentas públicas 2017 y 2018 y que debieron haberse reanudado desde finales de 2020, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió los juicios de amparo a favor de la ASF para auditar al Infonavit.

La diputada exigió rapidez en la entrega de las auditorías forenses, y que de ser necesario, presentará las acciones legales necesarias, expresando su lucha permanente contra la corrupción y opacidad de este gobierno.