Para prevenir y detener el linchamiento de personas, el Pleno de San Lázaro aprobó exhortar al Ejecutivo federal, gobiernos estatales y ayuntamientos, para que diseñen e implementen estrategias y acciones que eviten que la población de las comunidades afectadas, hagan justicia por propia mano y se garantice el estado de Derecho.
El punto de acuerdo leído por la diputada María Rosete Sánchez (PES) solicita que el Ejecutivo federal, de manera inmediata, destine mayores recursos económicos, logísticos y de seguridad a municipios y localidades que requieren atención urgente por encontrarse en situación de riesgo, inseguridad e ingobernabilidad.
Asimismo, para que el Ejecutivo federal en coordinación con las distintas fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales “establezcan rutas de vigilancia en municipios y localidades que representan mayor índice de delincuencia e inseguridad para la población”.
La legisladora argumentó que “el linchamiento no sólo demuestra la crisis que existe en la impartición de justicia, sino afecta el tejido social y vulnera los derechos de los acusados. Padecemos una ausencia y fragilidad en el estado de Derecho que crea un resentimiento ciudadano, al grado de caer en la delincuencia y violencia”.
Mientras las instituciones no garanticen a la ciudadanía el bienestar personal y familiar, no cesarán las reacciones con violencia para castigar por su propia mano a los presuntos delincuentes, resaltó.
Este hartazgo social se ha convertido en un método de control social. Hay vacíos de autoridad que han hecho del linchamiento una práctica común en algunas localidades o sectores sociales. Lo más preocupante, dijo, es que muchos de estos actos tienen que ver con algunas noticias y mensajes falsos o rumores ficticios que circulan a través de la red o entre la población, sobre supuestos secuestros de niños, resultando que las víctimas al final eran inocentes.
“No podemos seguir viviendo en un país en donde en promedio se cometen 82 asesinatos por día, y entre 3 o 4 personas son asesinadas cada hora. Septiembre se convirtió en el mes más sangriento de este 2018, los linchamientos cubrieron la nota roja de los noticieros. Además, la participación de niños y jóvenes en delitos violentos y actividades de alta peligrosidad es cada vez mayor y no vemos para nada que se esté haciendo algo al respecto”, advirtió.
Exigió a todas las autoridades trabajar para que cumplan con su responsabilidad y obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como la dignidad e integridad de la población, ya que México se siente inseguro, la ausencia de políticas oficiales y la ineficiencia de los servicios de seguridad no han garantizado seguridad en lo individual y menos en lo colectivo.
Con información de Cámara de Diputados
