La secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Laura Martínez González (Morena), propuso exhortar a los gobiernos estatales para que garanticen el respeto de las mujeres privadas de su libertad en los centros penitenciarios del país, ante el gran problema de opresión e invisibilidad que enfrentan.
En un punto de acuerdo que analiza la Comisión de Igualdad de Género, precisó que se han detectado irregularidades como insuficiencia en los servicios; desigualdad en las áreas varonil y femenil; alimentación deficiente; maltrato; sobrepoblación y hacinamiento; autogobierno, cobros y privilegios; inadecuada separación y clasificación, y aplicación discrecional de sanciones disciplinarias.
De acuerdo con un informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre Mujeres privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, hay irregularidades que contravienen normas nacionales e internacionales que violan los derechos humanos.
En visitas efectuadas a 77 de los 102 establecimientos penitenciarios que albergan mujeres, el total de anomalías detectadas fue de mil 85, en promedio 14 por ciento. Guerrero se identificó con el índice más alto, principalmente en los centros Regionales de Reinserción Social de Chilpancingo y Acapulco.
Martínez González consideró necesario aplicar medidas específicas en cumplimiento al artículo 18 constitucional, particularmente en lo relativo a la separación de la población de mujeres del varonil; protección de la salud, medidas para prevenir y evitar la violencia de género y las que tienen que ver con la atención especial a los hijos que permanezcan con ellas en los centros penitenciarios.
La diputada urgió a establecer una estrategia educativa que ayude a abatir el analfabetismo, oportunidades para completar la educación básica y media, capacitación laboral dentro de los centros penitenciarios a efecto de que quien ha compurgado una pena privativa de libertad, esté en condiciones de generar ingresos propios que le permita dar salida a situaciones de violencia familiar y de género.
Deben generarse programas y apoyos de los sectores público y privado, que ofrezcan alternativas de reinserción a la sociedad a las reclusas y las dote de mayor respeto y dignidad como personas.
Con información de Cámara de Diputados.
