Ante el rezago y las debilidades del campo mexicano “es prioritario reconducirlo, dirigirlo y darle una nueva dimensión para que resurja”; transitar a un gobierno de resultados mediante presupuestos que permitan alcanzar los objetivos del agro, y establecer políticas de Estado que respondan a sus necesidades para que contribuya al crecimiento económico del país.
Es necesario impulsar esquemas de gobernanza en comunidades rurales marcadas por conflictos de límites territoriales,recursos naturales, exclusión social, debilitamiento de sistemas normativos y organizativos internos e individualización del territorio, “producto del modelo económico dominante y políticas públicas inadecuadas”, afirmó el presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Jesús Serrano Lora (Morena).
“Los gobiernos que han pasado no han atendido al campo. Confiamos en que el que viene ya no sea lo mismo. Le vamos a exigir al que llegue tome en cuenta al campo, porque si no le va a estallar en las manos”.
Apuntó que “el campo está hundido” y se tiene miedo de tocar su problemática porque se carece de argumentos para solucionarla. Es necesario escuchar a los productores de diversos sectores agrícolas porque “son los sabios” que conocen los problemas reales y tienen propuestas para resolverlos.
“Es inconcebible que México importe el 80 por ciento del arroz que consume y apenas produzca el 20 por ciento”.
Refirió que legisladores extranjeros han cuestionado que una tierra tan fértil, como la que tiene México, con todos los climas, donde puede producirse desde el nivel del mar hasta 3 mil metros de altura, compre maíz y arroz; han dicho, que de tener el 5 por ciento del territorio mexicano lo aprovecharían para hacerlo productivo.
Al presentar su informe de labores legislativas, Serrano Lora apuntó que esta instancia realizó un trabajo sin colores partidistas para apoyar al sector. Para 2018, solicitó un incremento presupuestal de mil 100 millones de pesos, para enfrentar el rezago institucional del campo. Lamentó que no se tomara en cuenta la opinión sobre la distribución del recurso para conflictos agrarios, de procuración de justicia, y se hicieran asignaciones no sustanciales o se destinaran a otros rubros.
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