La designación de las personas juzgadoras por voto popular no es el camino correcto para incrementar su legitimidad y para avanzar en la democratización del Poder Judicial, señaló la directora ejecutiva de la Fundación Para la Justicia, Laurence Pantin.

Al participar en la segunda mesa del “Encuentro Internacional Sobre Independencia Judicial, Reflexiones Desde la Judicatura”, que moderó el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

“Es importante mencionar que incrementar la legitimidad de las personas juzgadoras y democratizar digamos al Poder Judicial, puede logarse mediante otros métodos que mediante el voto popular. La democratización del Poder Judicial puede lograrse mediante la implementación de acciones afirmativas destinadas a ampliar el acceso a estos cargos para personas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo”, apuntó Laurence Pantin.

La representante de la Fundación para la Justicia aseguró que la legitimidad de juezas y jueces se logra a través de procesos de selección meritocráticos, realizados de manera transparente, y mediante mecanismos efectivos de justicia abierta.

En la mesa sobre Independencia Judicial y Democracia, los demás participantes manifestaron sus preocupaciones por las afectaciones que provocaría en estos ámbitos la reforma al Poder Judicial que impulsa el Ejecutivo Federal.

“Aun cuando la elección popular de las personas juzgadoras no es necesariamente incompatible con la Convención Americana, es claro que de avanzar la iniciativa en los términos en que se encuentra, sí lo sería y conculcaría el principio de independencia judicial y en consecuencia, el derecho de acceso efectivo a la justicia pues no salvaguarda que su eventual selección sea por mérito y calidad profesional”, advirtió el ex Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Jesús Orozco Henríquez.

A su vez, el investigador del ITAM, Julio Ríos señaló que la propuesta de reforma corta la carrera judicial en la parte superior, la deja trunca y descompone su sentido, "se le cortan las alas -por decirlo coloquialmente- a las personas oficiales, actuarios y secretarios que se están preparando para llegar a ser juzgadores, el golpe a la carrera judicial sería un golpe a la independencia judicial, que la carrera busca proteger y promover”, dijo.

“Es necesario que el juzgador opere con la Constitución, con el Derecho Interamericano de los Derechos Humanos, que ha desarrollado un conjunto de protecciones complementarias, que hacen ser independiente al juez como agente del Estado, independiente no solo de la sociedad sino de los otros dos poderes, ajeno a todo factor político o influencia de grupo” señaló también Juana Fuentes Velázquez, directora general de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, (JUFED).

Redacción