Por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad y al interés superior de la niñez, en agravio de 112 personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, atribuibles a personas servidoras públicas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación al Coordinador General de dicha instancia, Andrés Alfonso Ramírez Silva.

El Organismo Autónomo acreditó que, durante el 2017 y 2018, 112 personas solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado ante la COMAR, autoridad que transgredió su derecho a la seguridad jurídica y legalidad, al no cumplir a cabalidad con lo establecido en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

Se evidenció dilación entre la presentación de la solicitud de las personas y la determinación sobre su admisión, al tardar entre uno y ocho meses para determinar si era admitida o no la petición, tiempo durante el cual las personas permanecieron sin documento alguno que acreditara su condición de solicitante de refugio; en varios casos la autoridad dilató entre seis y nueve meses para dictar un acuerdo de prevención para que los solicitantes indicaran el motivo por el cual no presentaron su petición dentro de los 30 días hábiles siguientes a su ingreso a nuestro país.

Además, evidenció violación al principio del interés superior de la niñez, ya que entre los solicitantes había niñas, niños y adolescentes que viajaban con sus padres, a quienes no se les otorgó asistencia institucional, ni se priorizó sus procedimientos.

Por ello, la CNDH recomendó al Coordinador General de la COMAR reparar los daños causados a las 112 víctimas, incluyendo atención psicológica y asesoría jurídica en términos de la Ley General de Víctimas y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; colaborar con la CNDH en la queja que presente ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación en contra de cuatro servidores públicos; tomar las medidas pertinentes para que se reanuden los plazos y términos de todos los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado que se encuentran suspendidos con base en el Acuerdo del 30 de octubre de 2017.

Redacción