La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos alertó de que un articulo de la “Ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva” aprobada el lunes por el congresode Nicaragua, tiene un texto muy “vago” que podría incluir como terroristas a personas que solamente están ejerciendo su derecho a manifestarse pacificamente.
Además, la legislación fue aprobada por un Congreso “casi totalmente controlado por el Gobierno”, recalcó Rupert Colville, portavoz de la Oficina, este martes ante periodistas en la sede de la ONU en Ginebra.
“Tenemos una preocupación particular por el artículo 394, que define como terrorista a una persona que cause la muerte o lesiones a personas que no participen en un conflicto armado, destruya bienes públicos con la intención de intimidar a la población y altere el orden constitucional. El texto es muy vago y permite una amplia interpretación que podría provocar que se incluyera (en la definición de terrorista) a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta", dijo.
La ley sanciona con penas de hasta 15 a 20 años de prisión a quienes cometan actos “terroristas”, así como a quien “recolecte, capte, canalice, deposite o traslade activos (...) con la intención de que se utilicen para cometer terrorismo” y otros delitos.
La violencia continúa
La iniciativa se aprobó en medio de una grave crisis política que este miércoles cumplirá tres meses y ha dejado aproximadamente 280 personas muertas y 1830 heridas, con una violencia que ha “sido fundamentalmente perpetrada por el Estado y por elementos armados progubernamentales” según la Oficina del Alto Comisionado.
La Oficina además señaló que la policía, elementos armados y otros grupos violentos han llevado a cabo denominadas "operaciones de limpieza" en diferentes partes del país, quitando por la fuerza las barricadas erigidas por los manifestantes y las comunidades locales.
El personal de la Oficina sobre el terreno informó que se está cometiendo una amplia gama de violaciones de los derechos humanos, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y violaciones del derecho a la libertad de expresión de las personas. Además, se han producido campañas de incitación odio y difamación, incluso contra defensores y defensoras de los derechos humanos. “El telón de fondo de todas estas violaciones es la ausencia del Estado de Derecho y del debido proceso”, dijo.
Defensores de los DDHH, criminalizados
Además de las protestas acutlamente pasando, se ha observando una práctica emergente e inquietante consistente en la criminalización de los defensores y las defensoras de los derechos humanos que han participado en las protestas.
Colville pidió a las autoridades que informen sobre el paradero de los defensores de los derechos humanos Medardo Maireno y Pedro Mena, "quienes podrían ser víctimas de desapariciones forzadas" y explicó que la Policía ha acusado a Maireno de haber asesinado a varios oficiales y lo ha tildado de "terrorista".
“Pedimos a las autoridades nicaragüenses que proporcionen información inmediata sobre su paradero y nos permitan a nosotros y a otras organizaciones de derechos humanos el acceso a todas las cárceles y otros centros de detención donde se cree que están detenidos”, expresó.
Un equipo de ONU Derechos Humanos ha sido enviado a Nicaragua para supervisar la situación general y obtener acceso a las cárceles. De acuerdo con Colville, en general se les ha permitido operar, pero se les ha denegado el acceso a ciertos lugares debido a la situación de seguridad. Hasta el momento se le ha concedido acceso a la cárcel de La Modelo y se espera obtener entrada a la prisión de El Chipote.
Temor por el próximo jueves
Este jueves 19 de julio es el Día de la Liberación en Nicaragua, en conmemoración del derrocamiento del régimen de Somoza en 1979 por los sandinistas. A la Oficina del Alto Comisionado le preocupa que la violencia se intensifique durante la fecha, en medio del creciente clima de temor y desconfianza.
“La espantosa pérdida de vidas debe detenerse inmediatamente. Es imperativo que el Estado nicaragüense, que tiene obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, garantice el derecho a la vida y la seguridad de la población, así como los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y adopte medidas concretas lo antes posible para terminar la crisis y encontrar una solución pacífica”, concluyó Colville.
Con información de Prensa ONU
