La Cámara de Diputados recibió a través de su presidenta, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, un reconocimiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por cumplir en un 94.1 por ciento la publicación de obligaciones que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (PRI) pidió prohibir a compañías de telefonía fija y móvil, realizar cargos a sus clientes, no acordados previamente durante la contratación del servicio, y que se realizan mediante el cobro de seguros “amañados” o bajo el esquema del primer mes de servicio gratis, cobrado con posterioridad.

La secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez (Movimiento Ciudadano) impulsa una iniciativa para establecer en el Código Penal Federal que se impondrá de uno a ocho años de prisión a quien cometa el delito de violencia familiar.

El diputado Jesús Sesma Suárez, coordinador del PVEM y legisladores de su bancada, impulsan una iniciativa para otorgar apoyos económicos a madres de familia y jóvenes embarazadas entre los 12 y 19 años 11 meses de edad, en condiciones de vulnerabilidad que permanecen en los servicios educativos de nivel básico y medio superior.

El diputado Edgar Romo García (PRI) presentó iniciativa para reformar la Ley General de Educación, a fin de prohibir a instituciones educativas públicas y particulares, el cobro de tarifas por uso de cajones de estacionamiento en sus establecimientos, a educandos y familiares.

Con el propósito de tipificar a nivel federal el delito de acoso sexual, por ser una forma de violencia que sufren en su mayoría mujeres y niñas, la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, impulsó reformas a los artículos 259 Bis y 266 Bis, y propone adicionar el 266 Ter del Código Penal Federal.

El diputado Clemente Castañeda Hoeflich (MC) propuso modificar el Código Penal Federal para sancionar con cárcel de uno a tres años; de 150 a 300 de trabajo a favor de la comunidad, y con multa de hasta 200 días, a quien promueva, fomente o incite al odio, la violencia o la discriminación.

Con el propósito de inhibir la usurpación de frecuencias radiales o su uso sin autorización o concesión formal alguna, el diputado Benjamín Medrano Quezada (PRI), secretario de la Comisión de Radio y Televisión, presentó una iniciativa para castigar con penas de hasta 6 años de cárcel y 300 días de multa a quien cometa este delito.

El diputado Juan Manuel Cavazos Balderas (PRI), secretario de la Comisión de Economía, promueve reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), para aumentar las multas a fabricantes de productos “milagro”, vendidos a través de publicidad engañosa y abusiva sin ningún control sanitario, implicando un alto riesgo para la salud de los consumidores e incluso la muerte.

La diputada María Victoria Mercado Sánchez (MC) prepara una iniciativa para modificar el artículo 420 Bis del Código Penal Federal, a fin de incrementar las multas para quien intencionalmente provoque incendios forestales.