Ahora que ha empezado la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del septiembre aparecen distintas preguntas, que aún no tienen una respuesta contundente y clara del origen de los recursos y de la transparencia con la que deberán manejarlos.

Hoy la sociedad es muy distinta a la de 1985 el otro 19-S y exige información y transparencia.

El Presidente Enrique Peña Nieto informó la semana pasada que para reparar escuelas, viviendas, comercios y monumentos históricos, lastimados tras los sismos, estiman en un principio que costará 38 mil millones de pesos, cifra que puede aumentar cuando se terminen de revisar los daños.

¿De dónde saldrá ese dinero? ¿Quién lo pagará? ¿Dónde vivirán 250 mil damnificados que hoy no tienen hogar? ¿Qué harán, si lo perdieron todo?

Empiezan a dar respuestas oficiales que vale la pena tomar en cuenta, porque a partir de hoy habrá conferencias de prensa, entrevistas, datos, verdades que, como acostumbran los políticos. serán a medias y bla, bla, bla.

Hay que ir a fuentes más certeras, por ejemplo del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien el viernes pasado publicó un artículo donde expuso algunas luces que contribuyen a dar salida a este grave conflicto que durará años en resolverse, por más que empiecen a hablar de meses para construir escuelas y viviendas.

“Los sismos del 19 de septiembre de 1985, dice Meade, nos dieron la oportunidad de ser testigos, hace 32 años, del surgimiento de un México solidario, cuyo espíritu de unión renació hace unos días ante los hechos que todos conocemos.

“En esta última contingencia, la prioridad fue la atención inmediata, por lo que nos unimos para desplegar un equipo de más de 54 mil médicos, enfermeras y paramédicos y de 90 mil servidores públicos encargados de garantizar la seguridad y el acceso a servicios en las zonas afectadas”, es la introducción a lo importante.

“Hoy lo que prosigue es la etapa de reconstrucción. Este proceso se llevará a cabo con recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y con base en el diagnóstico que elabore la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

“Pero será también necesario reconstruir escuelas y hospitales, carreteras, templos y otros bienes que son parte del patrimonio cultural de todos nosotros y que resultaron dañados. Habrá que reconstruir, asimismo, espacios públicos hoy afectados, plazas y parques para que la vida familiar pueda volver a la normalidad.

“La Banca de Desarrollo apoyará con fondos y créditos blandos la tarea de reconstrucción.

“En este esfuerzo participarán de igual forma las diversas entidades de la República y los municipios así como el sector privado, a través de distintos esquemas como el trabajo que desarrollan distintas fundaciones.

“Destaca el recién constituido Fideicomiso Fuerza México, creado con el apoyo de la Secretaría de Hacienda para complementar las acciones de reconstrucción llevando de manera ordenada, eficiente y transparente, los recursos obtenidos por donativos a los afectados.

“Cada peso destinado a la reconstrucción será auditable por los ciudadanos, utilizable de inmediato por las instancias que se definan y su uso apropiado evaluado por la sociedad.

“En el México posterior a la tragedia, cada ciudadano deberá ser un auditor, verificador, garante de que las cosas se hagan de manera correcta. La generosidad, la solidaridad y la confianza de los mexicanos así lo exigen”.

Se habla de los canales por los que llegarán los recursos y de que hay disponibilidad pero no se sabe cuántos son ni cómo se aplicarán. Falta aún más información, datos duros que combatan la incertidumbre y la desconfianza hacia el gobierno que predominan en el ambiente.

Por ejemplo, con datos de la misma Secretaría de Hacienda, los gobiernos de los cinco estados que resultaron más afectadas por los sismos tienen estrecho margen de maniobra financiera para iniciar las acciones de reconstrucción que, con cálculos preliminares, costará 38 mil millones de pesos.

Según un informe que entregó Hacienda al Senado, entre 58% y 100% de los ingresos federales de los estados afectados está comprometido para el pago de la deuda, que en total suma 113 mil 583.5 millones de pesos.

“En el reporte del Nivel de Endeudamiento Subnacional al Segundo Trimestre de 2017 se observa que la Ciudad de México tiene como garantía de los 72 mil 911.9 millones de deuda, el 100% de sus ingresos federales; que Morelos colocó como garantía de los cuatro mil 429 millones de pesos que debe, 81.7% de sus ingresos federales; que Puebla debe cinco mil 562.9 millones de pesos, el 98.3% de ellos está garantizado por sus ingresos federales.

“Chiapas tiene como respaldo de 18 mil 952.1 millones de pesos que debe, 58.4% de sus ingresos federales y Oaxaca, que debe 11 mil 727.9 millones y tiene como garantía el 61.6% de sus ingresos federales.

Los recursos federales están comprometidos para el pago de sus deudas y no pueden canalizarlos a los damnificados.

Las labores de reconstrucción en las cinco entidades más afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre se complican, porque desde 58% hasta 100% de sus ingresos federales están comprometidos para el pago de sus deudas, que suman 113 mil 583.5 millones de pesos.

El jueves pasado, la secretaría de Hacienda entregó al Senado el reporte del Nivel de Endeudamiento Subnacional al Segundo Trimestre de 2017, y el hecho de que una entidad coloque como garantía del pago de deuda sus ingresos federales significa que ese monto debe tener un manejo apegado con los planes presentados ante los acreedores.

El miércoles, luego de la evaluación de los daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, el Presidente Peña Nieto anunció que las labores de reconstrucción costarán 38 mil millones de pesos; 16 mil 500 para vivienda; 13 mil millones de pesos para escuelas y ocho mil millones más para reparar los daños en materia de patrimonio cultural.

“Además de recursos que provengan del Ejecutivo federal, las labores de reconstrucción contarán también con los donativos en efectivos que han realizado o realizarán diversos grupos empresariales, fundaciones y gobiernos extranjeros, así como sociedad en general en todo el país y desde el extranjero”.

En el Senado está en análisis el Decreto de Emergencia para que se cancele, sólo por el año 2018, la aplicación de las disposiciones de ley que entregan a los partidos políticos la cifra más alta de la historia para sus actividades ordinarias y de campaña en 2018, a fin de que sólo se les entreguen cuatro mil 986 millones 242 mil 862.85 pesos, de los seis mil 745 millones 936 mil 332 pesos.

Y aunque los gobiernos de los estados, que son los primeros responsables de atender la urgencia de su población, su margen de maniobra financiera es estrecha; al menos en las cinco entidades que más daños sufrieron, porque ellos ya acumulan un fenómeno de deuda, para el cual tienen obligación de cubrir los intereses y mantener los esquemas originales de finanzas que estén sustentadas con el dinero federal que les entrega Hacienda.

“De hecho, el endeudamiento tiene como garantía la entrega de ese dinero federal, porque si en algún momento los acreedores exigen el pago, es el que responde, y en el caso de la Ciudad de México y Puebla, Oaxaca, Chiapas y Morelos, más de 50% de sus ingresos federales avalan los endeudamientos, lo que les reduce su margen de movimiento financiero para atender presupuestalmente la emergencia de sus ciudadanos”.

Esa es las realidades de las entidades y la CDMX afectadas por los sismos, la pegunta es válida: la reconstrucción, ¿con qué recursos?

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter @fercrisanto

Facebook: Fernando Alberto Crisanto

Imagen de: Twitter