La revocación de mandato (RM) es una figura que necesita ser reorientada hacia las mejores prácticas de democracia participativa, de auténtico empoderamiento de y desde la sociedad.

Tiene que alejarse de la desnaturalización con orientación populista y electorera en la que ha derivado.

Debe dejar de ser un censo de fanáticos promovido desde el poder; un subterfugio para justificar la sobreexposición mediática de los servidores públicos, así como una oportunidad para revivir los peores vicios de inequidad electoral, simulación y desprecio por el Estado de Derecho que tanto trabajo y esfuerzo ha costado combatir desde la institucionalidad y gobernabilidad democrática.

Dicha figura, bien concebida, orientada y aplicada, puede ser uno de los instrumentos contemporáneos más oportunos para acceder a los derechos políticos de libertad de expresión y de pensamiento, ya que es un mecanismo que permite que la ciudadanía exprese su inconformidad con la persona titular de la presidencia por medio de una solicitud y, posteriormente, a través de un voto en el que se pueden reflejar, con plenitud y seguridad jurídica, las ideas personales, logrando incidir en las decisiones políticas, públicas y sociales del país, de acuerdo con sus convicciones, valores y criterios.

La RM merece ser un ejercicio que vivifique los derechos político-electorales de la ciudadanía, al ejercer el derecho al voto para decidir sobre su país.

La ley, fue publicada en septiembre del 21 y al mes de promulgada, diversos Diputados promovimos una acción de inconstitucionalidad.

Aunque la discusión en la Corte generó diversos claroscuros, su trascendencia radica en la constatación del hecho que, los tribunales constitucionales, pueden deliberar, discutir y resolver sobre temas políticos a partir de la defensa de los valores constitucionales y no de ideologías, lo que permite dar pie a que el legislativo corrija.

Aunque la jornada de 10 de abril se llevó a cabo prácticamente en los términos que planteó el Legislativo, los resultados fueron poco alentadores para la democracia.

No existió entre la población información, ni ánimo suficientes para participar, privó la confusión y se pervirtió desde el principio porque, más que revocación, prevaleció la narrativa (amplificada desde el poder) en el sentido que se dirigía hacia una ratificación.

Por eso, la semana pasada presenté, para reorientar democráticamente esta figura de la democracia participativa, a efecto de devolverla a su cauce, a través de ajustes que desincentiven los excesos y resuelvan las falencias identificadas en su primera aplicación, presenté una iniciativa para modificarla.

Reubicar a la ciudadanía como protagonista de todo proceso de RM efectivo, son los objetivos de la iniciativa.

PRIMERO: definir qué se entiende por pérdida de confianza, principal motivo para solicitar la conclusión anticipada del cargo.

SEGUNDO: afirmar que es una figura exclusivamente ciudadana y  subrayar la necesaria exclusión de los partidos políticos en el proceso.

TERCERO: adecuar la pregunta con la finalidad de evitar confusiones en su interpretación.

CUARTO: garantizar un presupuesto racional -a prueba de chantajes- para su eficacia.