La posición oficial fue frontal y sin miramientos, el reto lanzado el miércoles 3 de mayo por la noche en Palamarito Tochapan, Quecholac por los ladrones de combustible de los ductos de Petróleos Mexicanos tuvo respuesta inmediata del gobernador Tony Gali. El Presidente Enrique Peña Nieto envió su mensaje en la emblemática ceremonia de Jura de Bandera del 5 de Mayo en el Campo Marte.
Les advirtió:
“Quienes agredieron al Ejército mexicano en Palmarito, Puebla, serán castigados y se desmantelará la red de ordeña de combustible que opera en esa región”.
Condenó el ataque al arrancar su discurso, y calificó como un acto cobarde, contra soldados en el municipio de Quecholac, donde murieron cuatro militares y seis presuntos delincuentes.
“El Gobierno de la República aplicará todo el peso de la ley a los responsables. Trabajaremos de cerca con las autoridades del gobierno de Puebla para coordinar esfuerzos hasta desmantelar por completo a las bandas delictivas que a ello se dedican”, afirmó.
El robo de combustible es un problema heredado por la actual administración federal que agrade y lastima la economía de los mexicanos y ahora reta a instituciones como el Ejército, por lo que Peña Nieto anunció que su gobierno instrumentará una estrategia integral para atacar el delito.
“El robo de combustible hay que decirlo y tenerlo presente: es un delito, quienes lo practican exponen a sus familias y dañan a sus comunidades. He dado indicaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Hacienda, a la PGR y Pemex para instrumentar una estrategia integral para combatir este ilícito en toda la geografía nacional”, precisó.
Reiteró que la delincuencia organizada engaña y utiliza a la población para cometer el ilícito, por lo que la mejor acción para combatir ese robo es la denuncia ciudadana.
Para esta fecha se sabe ya de la llegada de dos mil efectivos militares más a la entidad y que harán uso de armamento más pesado y helicópteros para enfrentar a las agresiones que continúan. Ayer, por ejemplo, se vivió por la tarde la fuga de hidrocarburos a unos metros de la autopista Puebla-Veracruz a la altura de Acajete, lo que provocó el cierre de la vía por horas.
Estrategias se han implementado y se han gastado millones de pesos, pero hasta ahora ha predominado la colusión de personal de Pemex con los huachicoleros que han sumado a autoridades municipales, policías y especialmente han hecho un trabajo de vinculación con la sociedad.
Hay familias completas que tienen como ingreso lo que les “pagan” los huachicoleros por ser cómplices de un delito y sirvan de escudo humano para sus tropelías.
Entre las soluciones, por ejemplo, el año pasado en una reunión de Seguridad Pública convocada por el gobernador Rafael Moreno Valle, el entonces comandante de la XXV Zona Militar, el General Marco Antonio Guerrero, planteó la posibilidad de establecer el Estado de Excepción en municipios del triángulo rojo como una medida extrema, pero eficaz para evitar que la población fuera utilizada como escudo de las bandas criminales contra los operativos militares y policiacos.
Se escuchó la propuesta, sólo que las autoridades civiles lo descartaron porque consideraron que no existía una crisis de tales dimensiones para una medida extrema, a pesar del crecimiento extraordinario del fenómeno.
La decisión fue que en Puebla no se aplicaría el Estado de Excepción y el General Guerrero dejó en claro, a quienes lo escucharon, que tampoco la tropa iba a usar sus armas contra la población civil.
La orden se cumplió el pasado miércoles por la noche, pasadas las 20 horas, militares fueron sacrificados por los criminales que estaban protegidos por un escudo humano.
Así cayeron los primeros dos efectivos del Ejército Mexicano.
Hasta ahora Guanajuato y Puebla son los estados que concentran la mitad de investigaciones que tiene abiertas la Procuraduría General de la República (PGR) sobre robo de combustible. Petróleos sufre una pérdida estimada en 30 mil millones de pesos anuales derivado de la sustracción de dos mil 282 millones de litros de combustible en todo el país.
En 2016, la PGR abrió 2 mil 960 carpetas de investigación sobre el robo ilegal de hidrocarburos. Guanajuato y Puebla son las dos entidades que concentran casi la mitad de las investigaciones: mil 322 carpetas en el caso de Guanajuato y sólo 367 en el caso de Puebla.
Continúan Veracruz con 235 carpetas de investigación Hidalgo con 198; Tamaulipas con 139 y Querétaro con 138.
Desde el pasado18 de abril, la PGR, el SAT y el Ejército intervinieron tres gasolineras del presidente municipal de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, militante del Partido Social de Integración (PSI), organización vinculada a priistas y en especial a Javier López Zavala.
El problema de los huachicoleros dejó de ser sólo el robo de combustible de los ductos de Pemex, lo cual estuvo tolerado por años, escaló a crimen organizado con la colusión de autoridades municipales y estatales –hay jefes policiacos de la pasada administración que purgan penas por ser beneficiarios del delito- y llegó a ser un reto contra el Estado Mexicano.
La noche del miércoles 3 de mayo de 2017 adquirió otra dimensión el conflicto porque la mafia uso a la población como escudo en contra de operativos militares y después exigió la salida del Ejército de la zona.
La orden de Peña Nieto es abatirlos y en esta lucha contra el crimen organizado va la capacidad de su gobierno para resolver conflictos que fueron heredados pero a los que no ha dado solución, la cual es ahora de urgente atención.
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