Es una pregunta clásica que acompaña toda investigación policiaca, la cual vale la pena aplicar en torno a los hechos ocurridos el 3 de mayo pasado en Palmarito Tochapan, Quecholac, que se agravaron el pasado 9 de mayo cuando se publicaron en redes sociales video grabaciones que documentan la refriega entre militares y presuntos huachicoleros y acciones extralegales de un efectivo, concretamente el dramático tiro de gracia contra un detenido inerme.
Murieron cuatro militares y seis civiles aquella infausta noche, nadie niega que el enfrentamiento se dio después de una emboscada en contra de los uniformados que realizaban un operativo para detener a los líderes de los ladrones de hidrocarburos de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que tienen como base esa junta auxiliar, conocida por su gran producción de hortalizas.
Las órdenes del Presidente Enrique Peña Nieto, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, fue que diversas dependencias establecieran una estrategia para combatir a los huachicoleros, enviar a dos mil efectivos más a Puebla y coordinar los esfuerzos con el gobierno del estado.
Parte de la misma es la investigación de empresarios, especialmente gasolineros y presidentes municipales coludidos con el crimen organizado para permitir el aumento potencial de las tomas clandestinas, concretamente en la región conocida como “Triangulo Rojo”, hasta colocar al estado de Puebla en primer lugar en todo el país cuando hay robo de combustible similar en 25 entidades de la República.
Hay datos duros de que se han encontrado más dueños de gasolineras implicados de las 6 que estan clausuradas y por lo menos cinco presidentes municipales han participado o tolerado el grave delito, según confirmó ayer en entrevista a OroNoticias el vocero del gobierno del estado, Javier Lozano Alarcón.
Todo ello genera un clima de mayor tensión hasta llevar a los jefes de los huachicoleros a intentar la suspensión de los operativos y no hay mejor forma que acusar a los militares de exceso de fuerza. Nadie exime a los soldados, si cometieron un crimen deben ser castigados severamente, pero lo mismo se exige para los civiles que estén involucrados en el crimen del robo de hidrocarburos que acompañan con robos, extorsiones y secuestros y aunque hayan construido un respaldo social de las familias que emplean, son más los poblanos que exigen la paz.
La publicación del video a quien acusa es al Ejército Mexicano, que hoy está sometido nuevamente al duro escrutinio de la opinión pública que no los baja de represores y sin Ley de Seguridad Interna que defina y delimite sus funciones, norma que seguramente no pasara hasta que no se resuelva la investigación que llevan a cabo la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La información difundida en redes y medios, en varios casos exime a los delincuentes que no son blancas palomas ni mucho menos.
El especialista en temas militares, Juan Ibarrola, consideró “desafortunado el momento que viven las fuerzas armadas, donde se busca denostar su labor”.
Señaló que esa noche, la del 3 de mayo, hubo muertos y detenidos, tras un enfrentamiento, “pero no hay forma de saber aún si el video donde un presunto militar ejecuta de manera extrajudicial a un civil herido y desarmado, es real y en qué forma se dieron los hechos”.
Insistió en que las autoridades analicen su contenido para determinar su veracidad, pero también investigar qué fue lo que pasó para conocer el contexto. Agregó que en cualquier caso, la justicia militar es la responsable de determinar las sanciones correspondientes.
Para dar con los responsables de los crímenes y castigarlos, elementos de la PGR arribaron ayer a la junta auxiliar de Palmarito Tochapan para realizar las primeras investigaciones por el video que exhibe la ejecución de un civil a manos de un integrante del Ejército. Los funcionarios ministeriales, identificados como peritos de diferentes áreas de especialidad de la dependencia, llegaron vestidos con batas blancas y revisaron la zona con minuciosidad, en la Avenida Nacional y la esquina con la Calle 10 Sur. Colocaron un cerco para facilitar el trabajo de análisis de la escena del enfrentamiento, particularmente el punto que aparece en las imágenes captadas por cámaras de video vigilancia de una casa particular, que estaban dirigidas a grabar lo que sucedía en la calle y no a cuidar la propiedad. No hay que olvidar que el saldo en esa noche de la Santa Cruz fue de 10 personas muertas, cuatro militares y seis civiles, y 14 detenidos, siete de los cuales enfrentan sus juicios en prisión y hay por lo menos seis menores de edad implicados. Ayer un grupo de pobladores acudió a la zona para exigir justicia por sus muertos y para las personas que, según ellos, resultaron lesionadas, insistieron en el retiro de los miliares de la zona y la suspensión de los operativos para combatir el crimen.
El gobierno del estado y la federación coincidieron en que no detendrán el trabajo de policías y fuerzas armadas en la zona porque hay un compromiso de abatir la ordeña de los ductos de Pemex, que dejan ganancias a los criminales de miles de millones de pesos al año.
El ambiente es de temor entre la población ante posibles enfrentamientos violentos de los delincuentes con policías y militares.
Los huachicoleros se montan en la protesta social para detener los operativos de seguridad.
En este momento acusar al Ejército de represor sólo beneficia al crimen organizado.
La investigación debe generar pronto resultados y sancionar al militar o a los militares si violaron los derechos humanos, pero ello no puede frenar las acciones para sancionar a quienes originalmente están provocando ese clima de terror: los huachicoleros.
La guerra contra el crimen está declarada.
De las anécdotas que se cuentan
Fue a finales de marzo pasado.
La sede un hotel de esta capital, muy cerca del Centro Histórico.
Convocados a una reunión estuvieron 22 empresarios poblanos de probada reputación e influencia económica en la entidad.
Sus anfitriones los invitaron a escuchar al empresario regiomontano Alfonso Romo, responsable del proyecto económico y la vinculación del sector privado con el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, quien será candidato presidencial en 2018.
Privó la urbanidad poblana y la atención a los comentarios de Romo y a su vez de los empresarios, quienes se presentaron y expresaron sus puntos de vista.
-Ya tuvieron su oportunidad el PRI y el PAN, no nos puede ir peor con Morena- dijo abiertamente y recibió el beneplácito de la concurrencia.
Para quienes lo duden, 2018 está aquí y los empresarios poblanos se reúnen con las partes, saben que su opinión se escucha y cuenta.
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