El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que los funcionarios vinculados con los presuntos actos sean separados de sus cargos para facilitar la investigación.
La Secretaria Sandoval Ballesteros presentó los principales hallazgos de esos análisis. De ellos se desprende que el modus operandi de los convenios celebrados dispersaba los recursos recibidos a través de subcontratar a instituciones públicas de educación superior que a su vez subcontrataban a otras empresas, lo que contravino el artículo 75 de la Ley de Petróleos Mexicanos y el 134 Constitucional, ya que permitieron la elevación de precios y no aseguraron las mejores condiciones para el Estado mexicano.
El análisis arrojó que las empresas beneficiadas de los recursos del Estado están ligadas a los propios servidores públicos o personas cercanas a ellos eran socios directos. Además, se localizaron empresas fantasma o que simularon la realización de trabajos.
“La estafa fue maestra, porque el entramado a partir del cual se operó pretendió ser de perfecta legalidad, aunque con deficiente moralidad”, puntualizó la Secretaria Sandoval Ballesteros.
Además, los servidores que tenían la responsabilidad de verificar que se cumplieran las condiciones de ley y los términos convenidos abdicaron de su función, y los auditores que debieron monitorear el desempeño de los responsables administrativos fueron limitados en el alcance de sus revisiones y omisos para fincar responsabilidades.
La Secretaria Sandoval Ballesteros, informó que los tres servidores públicos fueron exonerados por la pasada administración de la Secretaría de la Función Pública, en cuyos archivos no existen registros de que en su momento se le diera el seguimiento por parte del Órgano Interno de Control de Pemex Exploración y Producción.
Derivado de lo anterior, la Función Pública ha iniciado tres investigaciones en materia de evolución patrimonial para detectar y documentar probables inconsistencias en el patrimonio de los tres servidores públicos referidos, que pudieran resultar de conductas irregulares. A partir de los resultados que estas investigaciones patrimoniales arrojen se iniciarán los procedimientos de responsabilidad administrativa que correspondan.
Asimismo, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública inició investigaciones en contra de los funcionarios de la Unidad de Responsabilidades de PEP. En ese sentido, la Función Pública auditará al Órgano Interno de Control de PEP para determinar si llevó a cabo las diligencias correspondientes para cumplir con sus funciones.
