La senadora Ana Lilia Rivera Rivera hizo un llamado a crear mecanismos normativos que prevengan el conflicto de interés, además de que se sancionen cuando ocurra esta irregularidad y la visibilicen como “un riesgo estructural para la integridad de los procesos legislativos”.

Al inaugurar el foro “Regulación del Conflicto de Interés en la Legislación Mexicana”, la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional alertó que esta mala práctica es uno de los problemas más serios que enfrenta la vida parlamentaria en México, por sus vínculos con “las formas más perversas” de la corrupción en el país.

Ejemplos de ello, expuso, se dieron durante la creación de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible y la reforma constitucional para prohibir los vapeadores, donde, lamentó, hubo presiones “a veces descomunales” de las industrias a las que podían afectar las medidas, y fue “constante y agresivo” el intento de detenerlas o modificarlas.

También refirió que iniciativas fundamentales que actualmente se impulsan, como la que regula los plaguicidas altamente peligrosos, siguen estancadas por “intereses económicos que logran frenar decisiones legislativas que deben tomarse pensando en la salud, el ambiente y las futuras generaciones”.

“Esto obliga a preguntarnos qué tanto de lo que se legisla o lo que se deja de legislar, responde realmente al interés general, y cuánto responde a intereses particulares ocultos tras vínculos y relaciones opacas”, cuestionó Rivera Rivera.

La secretaria de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, Nora Ruvalcaba Gámez, defendió que lo más importante para un funcionario público es la ética, la congruencia y la capacidad, pero sobre todo la conciencia, pues sin ello “se puede olvidar fácilmente con un cañonazo” que se sirve a la ciudadanía y no a intereses particulares.

Reconoció que en los recientes gobiernos de la República se ha tenido claro que el principal obstáculo para garantizar los derechos humanos es la corrupción, la cual, sostuvo, está ligada a la “simulación”; es decir, los conflictos de intereses disfrazados de buenas intenciones pero que en realidad obedecen a “moches” o contraprestaciones para detener o modificar normas.

El titular de la asociación “El Poder del Consumidor”, Alejandro Calvillo, también se pronunció por elaborar una iniciativa que combata al conflicto de interés, normatividad que debe incluir sanciones claras para evitar, por ejemplo, bancadas legislativas que defiendan intereses empresariales que busquen adueñarse de recursos naturales, por ejemplo, el agua.

“El conflicto de interés es una amenaza estructural para la democracia; no sólo afecta la toma de decisiones, sino que mina la confianza pública, pone en riesgo la igualdad y compromete la legitimidad de las decisiones”, advirtió.