El diputado Emilio Suárez Licona (PRI) afirmó que la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que autoriza al gobierno y funcionarios públicos promover la elección de las personas juzgadoras, es la antesala para el desmantelamiento del Instituto Nacional Electoral (INE).

“En este caso es quitarle el monopolio al Instituto Nacional Electoral, es buscar desaparecer al instituto en cuanto al monopolio para organizar, publicitar y fomentar la participación ciudadana de las elecciones, en este caso de personas juzgadoras”, indicó en declaraciones a representantes de medios de comunicación.

Suárez Licona aseguró que es un hecho inusual que el TEPJF permitiera, con algunos matices y candados, que los tres Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial participen en el proceso de selección de candidatos y candidatos a personas juzgadoras y en la promoción de la elección.

Consideró que si el objetivo era que los tres poderes de la Unión le den publicidad a dicha elección, se “pudieron haber cedido sus espacios en radio y televisión al INE para que en la misma lógica y dinámica del instituto promuevan la participación ciudadana.

“Lo mejor en un proceso tan complejo es que la información sea uniforme y que sea el Instituto el que tenga el monopolio para decirle a la gente cuándo, cómo y qué es lo que se va a votar”, insistió.

Suárez Licona señaló que es un error y hay riesgos altos que el Gobierno Federal participe en la publicidad de los comicios del próximo 1 de junio y que al final irrumpan en los parámetros que el propio INE tiene para alcanzar la imparcialidad y la equidad de la contienda.

Refirió que la Constitución Política es clara en cuanto a que prohíbe la utilización de recursos públicos de servidores públicos o de instancias de gobierno para promocionar la elección de las personas juzgadoras a nivel federal y local, por lo que la resolución es “una interpretación que da la Sala Superior y ahora habrá que cuidar lo que resuelve el INE en este nuevo acatamiento.

“Entiendo que hay una preocupación de los magistrados por buscar la mayor publicidad y la mayor participación, pero la ley, el artículo 134 constitucional y el artículo 506 de la Ley General de Instituciones y Posiciones Electorales prohíben la utilización de recursos públicos, sobre todo para garantizar la equidad y la imparcialidad en las contiendas electorales”, especificó.

Sin embargo, insistió en que había otras alternativas de darle cauce a la publicidad de la elección del Poder Judicial. “Una de ellas era firmar convenios de colaboración del Ejecutivo con el INE para que el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial le cedieran sus espacios y que el instituto conservara la narrativa de cómo, cuándo y dónde se debe votar por las personas juzgadoras”.

Sobre si Morena promoverá a través de los Poderes Legislativo y Ejecutivo a candidatos afines, Suárez Licona opinó que “hay que ver lo que está pasando en las redes sociales, cómo hay distintos actores ligados a Morena que están publicitando a distintos candidatos a personas juzgadoras.

“La tentación para que las personas afines al régimen sigan publicitando a sus candidatos está ahí y es pública, y de hecho lo han señalado los medios de comunicación”, concluyó.

Redacción