Después de meses de solicitar la comparecencia del titular de Segalmex, Leonel Cota, ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en la Cámara de Diputados, finalmente se llevó a cabo una mesa de trabajo, señaló la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (PAN). 

A través de un comunicado denunció corrupción y desabasto en los almacenes de Segalmex en entidades como Yucatán, Chiapas, Veracruz y Coahuila, entre otras.

En su intervención, le recordó al titular que su designación se dio en el contexto de investigaciones penales en torno a posibles actos de corrupción en Segalmex, mientras Ignacio Ovalle estaba como responsable y hoy premiado con un cargo en la Secretaría de Gobernación. 

Posteriormente, la panista le hizo un breve recuento de las principales irregularidades que se han derivado de las diferentes auditorías que se han practicado a Segalmex. 

Señaló que en el informe del auditor externo independiente referente al año 2020, por segundo año consecutivo, emitió una denegación, es decir, hubo una abstención de opinión a los estados financieros de Segalmex, al no obtenerse evidencias de auditoría que proporcionaran una base suficiente y adecuada en los rubros de inversiones, inventarios, cuentas por cobrar, proveedores, ingresos, gastos, entre otros. 

Además, indicó, los informes del Órgano Interno de Control, derivado de las revisiones efectuadas en 2020, destacan las observaciones siguientes: inconsistencias en el acreditamiento de las ministraciones autorizadas y la falta de evidencia documental que acredite el depósito del subsidio a los beneficiarios de leche, así como en los gastos para la rehabilitación, construcción y ampliación de los centros de acopio.

Por otro lado, Pérez-Jaén Zermeño apuntó que el informe de la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la Cuenta Pública 2020, presenta dos solicitudes de aclaración por 4 mil 300 millones de pesos por múltiples conceptos que confirman el desorden administrativo que se tiene en Segalmex. 

“No se acreditó el diferencial de los subsidios otorgados a medianos productores de maíz, arroz y trigo, y no se proporcionó la documentación soporte para acreditar el pago del subsidio otorgado bajo el concepto 'complemento' y para comprobar que los recursos transferidos a Liconsa, corresponden efectivamente a los litros captados de pequeños y medianos productores de leche, de conformidad con la normativa aplicable. 

"En total, la ASF detectó un presunto daño patrimonial de 9 mil millones de pesos que se ejercieron de manera ilegal. Esto que le señalo, es solo lo correspondiente a Segalmex y no incluyo lo relativo a Liconsa y Diconsa”, Pérez-Jaén Zermeño.

Como parte de los cuestionamientos realizados por parte de la legisladora hacia el titular de Segalmex, le externó que no hay forma de echarle la culpa al pasado porque “Segalmex es creación de este gobierno, es decir, ustedes son responsables de los actos que han dado lugar a 11 denuncias de la ASF y 38 de la Secretaría de la Función Pública, sin considerar las que haya podido presentar Segalmex, estamos hablando de 49 denuncias sobre una gestión de apenas dos años; señor Cota, no creo que haya un caso similar en la historia nacional, es tan grave que estas denuncias las está llevando la Fiscalía Especializada de Delitos en Materia de Delincuencia Organizada”.

Durante su primera intervención, la diputada cuestionó al titular de Segalmex: “¿Por qué ha sido omiso en instrumentar medidas al interior de Segalmex para corregir el desorden administrativo que se señala en los informes de la Auditoría Superior de la Federación y de los auditores externos?, ¿por qué no ha dado explicación alguna respecto al estatus de las denuncias e investigaciones dirigidas a clarificar el destino de los 9 mil millones de pesos que se ejercieron de manera ilegal?, ¿por qué el organismo que usted dirige no ha instrumentado acción alguna para la reparación del daño?, ¿cómo ha coadyuvado con la Fiscalía General de la República en las correspondientes investigaciones?”

Reiteró a Leonel Cota que no es su enemigo, sino un servidor público que debe rendir cuentas, porque los mexicanos demandan conocer cómo está ejerciendo los recursos de este gobierno y de qué manera está enfrentando los recientes casos de corrupción durante su administración.

Asimismo, recordó el caso de una reciente investigación publicada el 13 de diciembre en el portal de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, firmada por Iván Alamillo, la cual da a conocer que empresas proveedoras de Diconsa pagaron el equivalente al tres por ciento (no el dos por ciento) de cada contrato a una empresa “fantasma”. 

“Esta investigación documenta que el 'Manual de Políticas y Procedimientos para la Adquisición de Bienes para Comercializar' de Diconsa establece que la entidad debe cobrar a los proveedores hasta el 3 por ciento de la compra facturada, y que ese dinero se destinará para el mejoramiento de tiendas rurales o adquisición de vehículos para la flotilla de dicha entidad,” aseveró. 

Como resultado de la investigación, dijo, se identificó que la aportación de los proveedores no se pagaba en cuentas bancarias de Diconsa, sino en cuentas de la empresa Film & Marketing 18k SA de CV, la cual fue constituida usando la identidad robada de al menos una de sus accionistas.

El presupuesto anual de las compras consolidadas de Diconsa, agregó, es alrededor de 3 mil millones de pesos, por lo que, entre 2019 y 2020, la comisión del tres por ciento, no dos por ciento, fue equivalente a 180 millones de pesos, monto que habría terminado en las cuentas de la mencionada empresa.

Las evidencias de estos “moches", asentó la panista, están a la vista, toda vez que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad cuenta con oficios internos y copias de depósitos bancarios que revelan que proveedores de Diconsa realizaron transferencias millonarias a las cuentas de dicha empresa a solicitud de la Dirección de Administración y Finanzas, entonces encabezada por René Gavira Segreste, actualmente vinculado a un doble proceso penal por la corrupción en Segalmex. 

En la revisión de la Cuenta Pública de 2019, indicó, la Auditoría Superior de la Federación no pudo comprobar que los proveedores hayan realizado las aportaciones a las cuentas de Diconsa. 

En esta investigación, también se encontró que los depósitos coinciden con la llegada de Ignacio Ovalle, en 2019, a la Dirección General de Segalmex y se detuvieron en agosto de 2020, después de que René Gavira Segreste dejara la Dirección de Administración y Finanzas de la entidad.

“¿Por qué no ha dado a conocer información sobre estos recursos depositados a la empresa privada mencionada?, ¿por qué no ha informado sobre el destino final de ese dinero?, ¿qué acciones ha instrumentado para la recuperación de esos recursos? 

“El pasado de Segalmex es un tiempo de corrupción, impunidad, deterioro social y daño patrimonial. Su presente, el suyo y el de Segalmex, es de nulo cambio, desabasto y omisión que siguen las mismas prácticas. La permanencia de Ignacio Ovalle en el servicio público es una clara muestra de la impunidad y el cinismo que prevalece en este gobierno”, concluyó.

Redacción