Las y los participantes de la décima sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, que se realizó en Puebla, coincidieron en que uno de los principales pendientes por resolver en la procuración e impartición de justicia es la violencia institucional, que ocurre cuando a una persona le violentan sus derechos, recurre a las instituciones y no recibe justicia pronta y expedita.

En entrevista, Sofía Martínez Gorbea, consejera del Instituto Electoral de Puebla y quien fungió como moderadora en el Encuentro, expuso que en muchas ocasiones la ciudadanía debe peregrinar para acceder a las instituciones que imparten justicia y, una vez que encuentran la instancia correspondiente, se enfrentan con servidores públicos o ministerios públicos que no están capacitados y las revictimizan.

Además, indicó que la ciudadanía no conoce sus derechos, por lo que desde el Poder Judicial se debe apostar a una pedagogía para enseñarle a las personas, con un lenguaje asequible, cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos.

Al respecto, Luis Armando Juárez Valencia, titular del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial de Puebla, coincidió que la ciudadanía desconoce sus derechos, lo que implica que al ser víctima de un delito y querer denunciar, deban tocar muchas puertas; por ello, propuso realizar un diagnóstico en la atención que se les da en las instituciones, el cual permita una justicia pronta y la restitución de sus derechos.

Por su parte, Perla Xóchitl Gómez Pulido, académica de la Universidad Iberoamericana de Puebla, advirtió que uno de los principales problemas del sistema de procuración e impartición de justicia es la falta de recursos, tanto humanos como materiales, que conlleva a limitaciones presupuestales que impactan directamente en la calidad de los servicios y el tiempo de las resoluciones.

“No somos expedientes, somos personas que nos enfrentamos a una dolencia y, para identificarla se necesita contar con los presupuestos suficientes… Un verdadero acceso a la justicia efectiva y sustantiva pasa por identificar las necesidades reales de la población a la que se atiende y la que acude a los servicios, implica una reingeniería”, aseveró.

El también académico Ignacio Daniel Torres Rodríguez, de la Universidad Benemérita de Puebla, afirmó que las áreas de oportunidad en el sistema de impartición de justicia tienen que ver fundamentalmente con el acceso y el trato a las víctimas: “Se debe generar una especie de cultural, de educación, de promoción a nuevos mecanismos, nuevas formas de interactuar que podrían mitigar estos grandes problemas que aquejen al ciudadano que busca acceder a la justicia”.

Esta décima sesión del Encuentro incluyó a los estados de Puebla y Tlaxcala, y contó con la asistencia de más de 200 personas operadoras de justicia, académicas, ciudadanas e integrantes de defensorías públicas. La próxima sesión, que contempla a los estados de Chihuahua, Durango y Aguascalientes, se realizará el 20 de junio.

Redacción