La diputada federal Verónica Collado Crisolia (Morena) aseveró que las estadísticas disponibles en México por trata de personas están sesgadas por la naturaleza oculta del mismo delito, que ahora hace uso de las nuevas tecnologías de información, y que repercute en los ámbitos social y político, así como en distintos aspectos de la vida personal de las víctimas, además de que las y los menores de edad y mujeres son los más vulnerables.

Agregó que en nuestro país entre 2015 y 2023 se registraron aumentos y disminuciones, pasando, por ejemplo, de 415 casos a 729 en ese lapso, aunque en el 2017 bajó a 304, mientras el año pasado se sumaron 805.

Durante su intervención en la Cumbre Internacional Contra la Trata de Personas 2024, realizada hoy en la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, DC, Estados Unidos, la legisladora señaló que este delito afecta a ciudadanos de todas las edades, sexo y género.

“Las niñas, niños y mujeres son más vulnerables a ser víctimas con fines de explotación sexual y servicios domésticos, mientras que los hombres jóvenes son explotados para otras formas de trabajo”, aseguró en un comunicado.

En ese sentido, recordó que de acuerdo con la Organización Internacional de Trabajo (OIT), entre los años 2017 y 2021 alrededor de 50 millones de personas eran víctimas de esclavitud moderna, es decir, obligadas a trabajar contra su voluntad y hasta vivir en matrimonio sin consentimiento.

En el caso de las mujeres, manifestó que son sometidas a constantes abusos sexuales por lo que enfrentan un alto riesgo de embarazos no deseados, y de no interrumpirlos, los bebés son vendidos o se convierten en un medio adicional para el control de las víctimas.

Respecto a la inseguridad jurídica, dijo que en México las víctimas pueden no ser reconocidas como tales, sino como infractoras de la ley, y esto es común entre personas migrantes a quienes los tratantes les confiscan sus documentos oficiales, lo que limita su acceso a recursos legales y de protección, lo que puede ocasionar su deportación o ser encarceladas por delitos de prostitución, migración o laborales, por lo que las estadísticas por estos hechos están sesgadas por la naturaleza oculta del mismo delito.

Por otra parte, resaltó que nuestro país cuenta con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Victimas que define como delitos la esclavitud, la prostitución, la condición de siervo, la explotación laboral, el trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzosa, la utilización de personas menores de edad o que no tengan capacidad de comprender el significado del hecho o no tengan la capacidad de resistir la conducta en actividades delictivas.

Además de la adopción ilegal de personas, el matrimonio forzoso o servil, el tráfico de órganos, tejidos o células de seres humanos vivos y experimentación biomédica ilícita en seres humanos.

La diputada federal también destacó los cinco objetivos del Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de personas, como es el promover el marco normativo, establecer bases de coordinación a nivel nacional, fortalecer la atención, reintegración social y reparación integral de las víctimas, implementación de políticas públicas y acciones en la materia.

En tanto en materia legislativa, precisó que se incorporaron en la ley, por ejemplo, delitos generados con las nuevas tecnologías de la información, imponer sanciones a las personas que viajan del exterior a territorio nacional, o dentro de éste, que realicen cualquier tipo de acto sexual con personas menores de 18 años.

Además, dijo, de la explotación laboral en materia de salario, jornada de trabajo, tratándose de personas que pertenecen a las comunidades indígenas y afromexicanas, así como imponer penas por la distribución o intercambio de información de menores de edad y proteger a las víctimas, testigos, para salvaguardar su dignidad.

Para México, el delito de trata de personas es preocupante, por ello, todos los niveles de gobierno estamos decididos a erradicarlo con la aplicación de la ley, concluyó Collado Crisolia.

Redacción