Para garantizar las medidas de sanidad de en el Senado, contando a 128 legisladores y casi 4 mil empleados, la cámara legislativa realizó una inversión de 17.4 millones de pesos en la compra de equipamiento médico y servicios de sanitización.

La senadora del Partido Acción Nacional, Lilly Téllez, destacó que a John Ackerman “dos veces le han cerrado la puerta en la nariz”. Debido a la elección de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), la sonorense expresó: “las puertas que quiere tumbar a golpes (son): las de las cámaras de Diputados y Senadores”.

La Comisión Permanente del Senado aprobó otro periodo extraordinario, con 31 votos favor, 6 en contra (del PAN) y 0 abstenciones para cumplirse el siguiente 29 de julio. Aunque en la Cámara de Diputados fracasó la negociación que buscaba incluir los temas importantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre las que se incluía una iniciativa para que se logren ajustes al presupuesto y se permita reorientar recursos ante la pandemia de COVID-19, por lo que tampoco revisarán la extinción de 30 fideicomisos. La oposición rechazó los temas adicionales de Morena.

Tras la extradición de Emilio Lozoya a nuestro país, el senador Ricardo Monreal Ávila aseguró que en México ya no hay impunidad y que por vez primera se actúa contra quienes se sentían intocables. En este gobierno, “no hay ni habrá pactos de impunidad ni excepciones a la ley”, puntualizo.

El Senador por MORENA, Martí Batres Guadarrama fue objeto de las críticas luego de que anunciara que propondrá cambiar el nombre a las cámaras legislativas.

El senador de Morena, Armando Guadiana, presentó una iniciativa a la ley que busca transformar la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para convertirla en un consejo que constará de siete consejeros elegidos para un lapso de 10 años, mismos que elegirán a su presidente cada cuatro años.

La propuesta lleva algún tiempo gestándose en el Congreso de la Unión: en marzo pasado el diputado Alfonso Ramírez Cuellar comentó que gigantes tecnológicos como Amazon, Google o Uber deberían pagar un nuevo impuesto de ISR calculado con base a sus ingresos en el país, tal y como se ha establecido en Franca y Reino Unido.