El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, arremetió contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama y Lorenzo Córdova, luego de las reacciones ante la reducción de presupuesto a la dependencia electoral.

Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que no harán una revocación de mandato “patito” como quieren los legisladores de Morena.

El secretario de gobernación Adán Augusto López aseguró que la consulta de revocación de mandato no se encuentra en riesgo debido al recorte presupuestal al que se ha sometido el Instituto Nacional Electoral como parte del presupuesto anual 2022.

Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), calificó como desmedido el recorte presupuestal aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio del año 2022.

Luego de aprobarse en la Cámara de Diputados el presupuesto para el año 2022, diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, reprobaron la decisión manifestando una venganza contra el Poder Judicial  y el INE por parte de la comitiva de Morena.

Este martes, la Cámara de Diputados en San Lázaro, continuará con la estructura del Presupuesto 2022, donde se prevé hacer un recorte de 4 mil 913 millones de pesos, mismos que afectarían en su totalidad la realización de la consulta para Revocación de Mandato.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una queja contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, por violar la ley que prohíbe difundir la consulta de revocación de mandato, pues consideran le da difusión constante a pesar del resolutivo del Instituto Nacional Electoral que le limitó esta acción.

Durante la comparecencia del Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), en la Cámara de Diputados, el diputado Gerardo Fernández Noroña, explotó contra Lorenzo Córdova, a quien llamó racista, clasista, pidiendo su renuncia y un juicio político en su contra.

El presidente Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo dio a conocer el día de ayer que ya comenzó la instalación de centros para recaudar los 3 millones de firmas que les pide el Instituto Nacional Electoral (INE) para poder realizar la consulta de la revocación del mandato.