El secretario de Comunicaciones y Transporte, Javier Jiménez Espriú, afirmó ante diputados de los diversos grupos parlamentarios, que para este año se autorizaron 70 mil 800 millones de pesos, de los cuales están comprometidos 59 mil 952; es decir, el 85 por ciento y está ejercido el 46 por ciento, pero a finales del año no se tendrá ningún subejercicio.

Sobre la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco, afirmó que la razón no fue la corrupción, “si ese fuera el motivo hubiéramos cancelado todas las obras, con todo respeto a esta soberanía. La corrupción no se tomó en cuenta para la cancelación de la obra”.

Recordó que el motivo de su cancelación fue porque el financiamiento era muy caro; los trabajos que se hicieron fueron improvisados. En el mes de octubre del año pasado las empresas que estaban haciendo la terminal y contaban con un contrato de 84 mil millones de pesos demandaron al Grupo Aeroportuario Mexicano, ya que no se poseía la información de detalle y se tenía un avance del 20 por ciento. Además, se poseían problemas ecológicos al destruir las minas de basalto y tezontle, no se tenía resuelto el agua.

En cuanto al tema de seguridad del aérea, detalló que México dejó de ser un referente, “tuvimos incluso descalificaciones de los organismos internaciones por el abandono, encontramos un sector desprotegido, por lo que hemos creado una Agencia Federal de Aviación Civil, para atender este asunto”.

Sobre la investigación del accidente donde perdió la vida la gobernadora de Puebla, indicó que esta fue tomada por la Fiscalía del estado y después se abrió para que participarán los expertos de Estados Unidos, Canadá, Italia y la Comisión Europea de Accidentes, las cuales han hecho todas las pruebas que tiene que ver con el helicóptero, eso es lo que nos compete y lo hemos informado todo. El mes próximo se espera tener un dictamen al respecto.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN), externó su preocupación por la deficiencia que hay en el sector, que a todas luces demuestra inoperancia para atender los asuntos estratégicos.

Enfatizó que lo que debió ser una plataforma de lanzamiento para la recuperación de la confianza a lo largo de un año, está en una espiral negativa en los procesos de las tomas de decisiones, lo cual refleja la falta de coordinación en la secretaría.

Ante ello, pidió al secretario de Comunicaciones y Transportes procurar tarifas justas para usuarios del transporte de carga, terrestre, aéreo y marítimo.

Que la Marina Mercante tenga mayor dinamismo y certidumbre jurídica, quw los empresarios del transporte tengan una buena infraestructura carretera y que estas vías de comunicación cobren lo justo y sean revisadas a fondo, con el objetivo de evitar corrupción.

Mencionó que el Aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya no tienen la suficiente solidez en la planeación y realización; además, la inversión física disminuyó este año 15.2 por ciento, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Respecto de la infraestructura, manifestó que ha disminuido lo cual genera falta de conectividad, mayores costos en el transporte y hace deficiente el movimiento de bienes y servicios.

La cancelación del nuevo aeropuerto, sostuvo, le costó al país alrededor de 150 mil millones de pesos, entre la construcción ya realizada, pagos a tenedores de bono de financiamiento y la indemnización por la recisión de contrato.

Subrayó que en lo que va de la administración se tiene el reporte de nueve mil robos al transporte de carga, de acuerdo con datos del Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que hay incertidumbre en todas las carreteras del país.

Redacción