El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, cuestionó que no se haya emitido la declaratoria de constitucionalidad y promulgación de la reforma a la Constitución Política, que establece que la fijación de los salarios mínimos generales o profesionales nunca estará por debajo de la inflación, pese a que, según datos de la Secretaría de Gobernación, ya 31 congresos locales la han avalado.

No obstante, señaló que, según información del Senado de la República, publicada en el Sistema de Información Legislativa, la iniciativa sólo ha sido avalada por 16 legislaturas locales.

“Por lo tanto, no se puede hacer la declaratoria de constitucionalidad, y pues no ha entrado en vigor, según el Senado; sin embargo, según la Secretaría de Gobernación, son 31 legislaturas las que la han aprobado”, asentó.

En ese sentido, en conferencia de prensa, acompañado por diputadas y diputados de su bancada, aseveró que existe una maquinación de Morena para no hacer la declaración de constitucionalidad de esta reforma que salió con los votos de todos los partidos.

Además, dijo, hizo este congelamiento antes de votarse el presupuesto y, por lo tanto, no entra en vigor para este año.

“¿Qué esconde el Senado en las declaratorias de constitucionalidad cuando la Secretaría de Gobernación ya tiene los registros? Es un acto gravísimo, porque se están burlando la voluntad popular y la de los legisladores, y además es un acto que demuestra que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo que quería era intervenir en las elecciones y generar una gran narrativa, que ahora vemos que era tan sólo eso, una narrativa”, aseveró.

El priista recriminó que el día de hoy se va a realizar la declaratoria de Soberanía Nacional, aprobada ayer en comisiones, mientras la de los salarios sigue en espera desde hace meses.

Consideró que el gobierno no tiene dinero y por ello no quiso modificar o incluir la propuesta en el presupuesto del 2025. Morena y sus aliados, aseveró, no hicieron bien el cálculo.

Moreira Valdez manifestó que el PRI siempre ha estado a favor de proteger los derechos de los trabajadores y a esta iniciativa la bancada tricolor, desde el principio de su discusión, le dio su respaldo total para beneficiar a policías, enfermeras, doctores, soldados y maestros de nivel básico de tiempo completo, por lo que urgió, nuevamente, a terminar el trámite.

Por otra parte, ante el incremento de la violencia e inseguridad y el hallazgo de fosas clandestinas en Jalisco, la diputada Leticia Barrera Maldonado demandó al Gobierno Federal un reconocimiento real a la mayor transparencia en el número de personas desaparecidas de los homicidios registrados.

Asimismo, exigió un alto a la impunidad, “necesitamos una nueva etapa en la vida institucional de nuestro país, las y los mexicanos no están confiando en las instituciones de procuración de justicia ni en la seguridad. Les pongo como ejemplo, 9.3 de cada 10 delitos no se denuncian, no generan una carpeta de investigación y quedan en total impunidad”.

También solicitó el reforzamiento a las tareas de búsqueda y de estrategias de seguridad con la sociedad civil, con los colectivos y las madres buscadoras como parte de este esfuerzo.

“Lo que hacen todos los días los colectivos es hacer lo que los gobiernos y lo que la estrategia de seguridad debería de estar haciendo. Hoy están siendo reemplazados por madres que se levantan todos los días para ir a buscar a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanas o a sus hermanos”, manifestó.

Cuestionado sobre la determinación de mandar a la congeladora la reforma al ISSSTE, el diputado Erubiel Alonso Que, indicó que esto es un triunfo de las y los trabajadores y la manifestación que realizaron en todo el país y que tuvo eco.

En tanto, el diputado Arturo Yáñez Cuellar se refirió a los productores del campo en Durango y subrayó que este sector vive circunstancias difíciles y complicadas, pues desde el mes de octubre del año pasado, demandaron a SEGALMEX acopiar su frijol, su cosecha, y se les ofreció un precio de garantía de 27 pesos kilo.

“Lamentablemente Segalmex acopió el mes de noviembre, el mes de diciembre y prácticamente vino pagando hasta marzo del 2024, es decir, 90 días después. En ese periodo, hubo intermediarios que estaban ofreciendo el pago del kilo de frijol a 12 pesos y la necesidad hizo que algunos vendieran a ese precio”, señaló.

Indicó que el Gobierno Federal ha entregado fichas para aperturar bodegas de acopio de frijol, pero ha sido una ilusión, porque sólo están recibiendo cinco toneladas de las 15 que estipularon y Segalmex recibe nada más a cinco productores diarios, lo que retrasa el proceso y beneficio para los productores.

Redacción