Después de que la diputada federal María Clemente García, semanas atrás difundiera un video sexual explícito en sus redes sociales, además de ser captada en varias ocasiones fumando marihuana en las instalaciones de San Lázaro, la diputada del PAN, María Teresa Castell, junto con organizaciones civiles, reunieron más 6 mil firmas solicitando que el Congreso, basado en los códigos de ética, sancione a la legisladora de Morena.

“Sus acciones han lastimado a su comunidad, a las trabajadoras sexuales, a las legisladoras y a las mujeres, demeritando el quehacer parlamentario y poniendo en riesgo con discursos de odio a todas y cada una de nosotras”

“Cada uno de los grupos mencionados tiene sus propias necesidades en la vida diaria y algunos, como en el caso de las mujeres, tenemos situaciones críticas como el hecho de que mueran 11 mujeres al día, como para fomentar más odio y misoginia en contra de nosotras”, aseguró la diputada por el Estado de México.

Y es que, señala Teresa Castell, ha sido una irresponsabilidad de las autoridades no emitir sanciones en el momento oportuno, ya que esta omisión ha dado lugar a peores conductas cada vez más violentas y nocivas.

Por ello, en conferencia de prensa, acompañada por la diputada local de Acción Nacional, América Rangel, anunció que ha interpuesto diversas acciones legales para que se sancionen dichas conductas ilícitas

“Es importante que Morena y la Jucopo tomen acciones inmediatas a las denuncias presentadas y emitan una resolución al ser una exigencia de la sociedad, como se puede apreciar con todas estas firmas recabadas”

Sujetándose al Código de Ética, de acuerdo con el artículo 108 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que dice que los representantes de elección popular también pueden ser sancionados por esta ley y otras aplicables; y en el artículo 109, que establece castigos a los servidores que afecten la legalidad, honradez, lealtad o imparcialidad en el desempeño de sus empleos, Castell de Oro Palacios, presentó las denuncias, entre las que solicita:

Que la Contraloría presente las denuncias penales correspondientes al ser un órgano autónomo que ya tendrá elementos de prueba suficientes, como lo faculta el artículo 11 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

 

Se instruya a la Cámara de Diputados el inicio de los procedimientos de juicio político y desafuero, de conformidad con los artículos 110 y 111 de la Constitución.

 

Se retire de manera inmediata toda propaganda violatoria en redes sociales.

 

Se eliminen todos los videos pornográficos

 

Ante el INE, presentó una denuncia bajo el procedimiento Especial Sancionador por Violencia de Género, Calumnia y la inacción de supervisión de Morena a sus militantes. Solicita:

 

Que se inscriba en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género y así se evite que participe en los próximos procesos electorales.

 

Se retire toda propaganda violatoria en redes sociales y se elimine todo el contenido pornográfico.

 

Se dicten medidas de no repetición de actos violatorios o similares para que no se vuelvan a vulnerar derechos de personas, niñas, niños y adolescentes.

 

Se amoneste a Morena por el actuar indebido de su militancia.

“Con todas estas pruebas y con el respaldo de la sociedad civil, es imposible que no sean firmes en la solución a este problema. Se queda en las manos de las autoridades este proceso, confiamos en que harán lo correcto, espero que no nos fallen, porque les recuerdo que encubrir, los hace cómplices”, finalizó.

Redacción