Diputados del PAN y académicos de diversos centros de investigación exigieron que se realice un Parlamento Abierto para construir la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuya creación se ordenó en la reforma constitucional en materia educativa, del 15 de mayo de 2019.

Asimismo, expresaron su rechazo a la iniciativa que el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados sobre dicha materia, el 13 de diciembre de 2022, al afirmar que es centralista y excluye a los investigadores de la toma de decisiones.

En conferencia de prensa, el diputado Juan Carlos Romero Hicks, secretario de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, comentó que el plazo máximo para expedir dicha legislación era el último día de diciembre de 2020, por lo que el Congreso está en falta.

Señaló que en este momento hay cinco iniciativas, entre ellas la del Ejecutivo Federal, y el Grupo Parlamentario del PAN propone que sean dictaminadas por las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de Educación, y en modalidad de conferencia con el Senado de la República.

Asimismo, que se realicen mesas técnicas de trabajo, un Parlamento Abierto y consultas especializadas que aborden las experiencias internacionales.

“Lo que sí es muy importante señalar son ingredientes mínimos y principios esenciales. ¿Cuáles son los ingredientes mínimos de una ley general? Primero, competencias para municipios, estados y federación; segundo, las bases de planeación nacional y local; tercero, la gobernanza nacional y local, y los sistemas de información, y, adicionalmente, los elementos mínimos de financiamiento”, apuntó.

“El tema de ciencia, tecnología e innovación no admite sesgos de partido ni de ideología, no vamos a entretenernos en pérdidas de tiempo tal como si la ciencia es neoliberal, eso es una vacilada. La ciencia es tal, y no vamos a empezar a calificar o descalificar. Lo que queremos hacer es caminar y construir”, agregó.

Por su parte, el diputado Gabriel Quadri de la Torre, integrante de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, sostuvo que la iniciativa del Ejecutivo Federal es preocupante porque es una “iniciativa destructiva”.

“Es una iniciativa que pretende desmantelar buena parte del andamiaje institucional de la ciencia mexicana, que centraliza de una manera estalinista, que excluye de la toma de decisiones a los investigadores y a los centros públicos de investigación”, aseveró.

Agregó que dicha propuesta además elimina la libertad académica y de investigación, y la autonomía de los centros públicos de investigación, además que excluye a las universidades privadas y no permite la participación de la sociedad civil.

Brenda Valderrama Blanco, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, destacó la necesidad de construir una iniciativa más incluyente, más moderna y más propositiva, “pero sobre todo que destrabe el potencial de este país”.

Juan Esteban Martínez Gómez, investigador del Instituto de Ecología A.C, expresó que la eventual ley requiere una nueva gobernanza donde participen los miembros de la comunidad de investigación y académica, donde además se garantice a la gente el derecho a recibir los beneficios de ciencia e investigación científica.

Eric Rosas Solís, de la Academia Mexicana de Óptica, apuntó que México necesita un nuevo marco legal que le permita a los jóvenes de ahora y del futuro beneficiarse del conocimiento científico, “creemos que debemos participar todos en la construcción de este marco legal que puede ponernos en el lugar que merecemos como país o puede relegarnos a donde no deseamos estar”. 

Redacción