El GPPAN CDMX votó en contra de la propuesta de Morena y sus aliados sobre la nulidad de elecciones por intervención extranjera, al considerar que no atiende las amenazas reales que enfrenta la democracia mexicana y que será utilizada como control político-electoral por el oficialismo. En contraste, reiteró su propuesta de nulidad de elecciones por intervención del crimen organizado y sanciones a partidos coludidos con el narcotráfico.

La Diputada América Rangel cuestionó la congruencia de Morena al pretender erigirse como defensor de la soberanía nacional después de haber intervenido, dijo, en asuntos políticos de diversos países y de tener asesores extranjeros en sus campañas.

Advirtió que la reforma utiliza un concepto ambiguo de “intervención extranjera”, lo que podría permitir interpretar como causal de nulidad investigaciones periodísticas, informes de organismos internacionales o denuncias provenientes del extranjero que exhiban actos de corrupción o presuntos vínculos de funcionarios con el crimen organizado.

“La reforma no protege la soberanía, ni la libertad ni la democracia; protege a Morena”, sostuvo.

En tanto, la Diputada Liz Salgado afirmó que la discusión busca desviar la atención del verdadero problema que enfrenta el país: la infiltración del crimen organizado en procesos electorales, campañas, gobiernos y territorios completos.

Señaló que mientras Morena pretende establecer la nulidad de elecciones por intervención extranjera, rechaza incorporar sanciones por financiamiento del narcotráfico, pérdida de registro para partidos infiltrados por estructuras criminales y mecanismos efectivos para combatir la captura territorial por parte de la delincuencia organizada.

“Morena quiere nulidad por un fantasma llamado intervención extranjera; el PAN quiere nulidad por intervención criminal”, expresó.

En su intervención, la Diputada Claudia Pérez sostuvo que el oficialismo pretende apropiarse del concepto de soberanía mientras ignora la realidad que viven miles de familias afectadas por la violencia y el desplazamiento forzado provocado por el crimen organizado.

Por su parte, la Diputada Laura Álvarez aseguró que la reforma constituye una herramienta para perseguir opositores, cuestionar triunfos electorales y consolidar el control político de Morena sobre las instituciones democráticas.

Reiteró que mientras el oficialismo denuncia supuesta intervención extranjera, ha recurrido a asesores internacionales y ha mantenido relaciones políticas con gobiernos extranjeros.

“La democracia no se defiende concentrando el poder ni debilitando contrapesos; se defiende con instituciones autónomas y elecciones limpias”, afirmó.

El Diputado Ricardo Rubio sostuvo que la iniciativa es una reacción frente a investigaciones y señalamientos que involucran a personajes cercanos a Morena. Acusó al oficialismo de intentar utilizar la reforma como un mecanismo para desacreditar denuncias provenientes del extranjero y evadir el escrutinio público.

Afirmó que quienes han debilitado al país son quienes han permitido el crecimiento de la violencia, la extorsión y la influencia del narcotráfico en la vida pública.

Finalmente, el Vicecoordinador del GPPAN, el Diputado Diego Garrido calificó la reforma como una estrategia basada en amenazas inexistentes mientras se ignora la verdadera injerencia que, dijo, ejerce el crimen organizado sobre gobiernos y procesos electorales.

“El problema no es una supuesta invasión extranjera; el problema es la narcopolítica que ha contaminado instituciones y gobiernos”, señaló.

Redacción