El Grupo Parlamentario del PAN presentará una iniciativa para que servidores públicos y funcionarios, de cualquier gobierno, que faciliten o sean cómplices del crimen organizado reciban la pena máxima que tenga el Código Penal Federal, informó en conferencia de prensa su coordinador, el diputado Elías Lixa Abimerhi.

“La próxima semana vamos a presentar la iniciativa para que integrante de cualquier gobierno que sea parte del crimen organizado, facilite su trabajo o sea cómplice de los mismos, tenga la pena máxima que dé nuestro Código Penal.

“Traicionar la confianza de la gente tomando las herramientas y los instrumentos del gobierno para que sea quienes flagelen la paz, la armonía, la vida y la seguridad de las familias mexicanas es el crimen más alto que pueda existir en un país bañado de sangre”, aseveró.

Expuso el caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo, quien “posiblemente está incluida en la lista del gobierno de Estados Unidos por probables vínculos con integrantes del crimen organizado”.

Subrayó que estas acusaciones deben atajarse y resolverse de inmediato porque desestabilizan la gobernabilidad, ya que la duda persiste sobre personas que, valiéndose de la confianza de la gente que representa, sirven a los intereses del crimen organizado.

Por su parte, la diputada María Eva Vásquez Hernández sostuvo que el gobierno de Morena en Baja California ha recortado recursos para la seguridad pública, dejando a los ciudadanos vulnerables a la violencia.

“Desafortunadamente, hay que decirlo fuerte y claro, Morena ha desmantelado la seguridad pública. Recortaron recursos y con ello han dejado a los ciudadanos bajacalifornianos a merced de la violencia, el miedo; definitivamente no puede ser el estilo de vida en el estado”, comentó.

Indicó que el gobierno estatal tiene que solucionar y no continuar con las “simulaciones”; blindar los municipios con más recursos y mejor equipo policial, así como utilizar inteligencia artificial para combatir el crimen y transparentar el gasto de seguridad.

El diputado César Israel Damián Retes habló sobre el aeropuerto de Tijuana, el cual está bloqueado por manifestantes que exigen la regularización de sus terrenos, lo que afecta a turistas y ciudadanos.

“Exigimos también al Gobierno Federal, estatal y municipal que atiendan a los manifestantes y que garanticen que los usuarios del aeropuerto puedan llegar y salir libremente; lo mismo para las mercancías de un aeropuerto tan importante en el comercio internacional”, abundó.

Redacción