El diputado Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa busca abrogar la Ley de las Asociaciones Público Privadas, que data del 2012, y crear al Ley de Inversiones en Materia de Infraestructura para el Bienestar.

Sostuvo que las asociaciones público privadas han generado muchísima polémica, una gran desconfianza y un abuso muy grande por muchos de los que se dedicaron a construir carreteras, hospitales, centros penitenciarios y que, con toda la experiencia de más de 12 años, el resultado ha sido una falta de compromiso con el desarrollo del país y un esquema de financiamiento que dañó muchísimo las finanzas nacionales, estatales y municipales.

“Por ello, queremos suprimir ya de una vez por todas el esquema de APP y dar paso a una nueva legislación. Es una legislación que voltea a ver un rezago muy grande que tenemos en la infraestructura básica, ya no solamente centrado en las grandes autopistas y en algunos proyectos en materia energética, sino que estamos buscando poner atención a un sector que requiere con urgencia la participación pública, pero sobre todo un incremento de la inversión privada”, señaló.

En conferencia de prensa, en el marco de la Comisión Permanente que sesiona en el Senado de la República, Ramírez Cuellar subrayó la importancia de alcanzar mayores niveles de presencia de los inversionistas en materia de conectividad, tanto de caminos, de carreteras como de Internet.

“Hemos aprobado recientemente una legislación en materia de telecomunicaciones, y creo que es el momento de generar todos los espacios y los escenarios favorables para poder llevar la conectividad a aquellas regiones y comunidades más alejadas”, abundó.

También, dijo, es preciso atender el tema de la infraestructura en agua, particularmente en rehúso de agua, el tratamiento de desechos y de residuos sólidos, y la infraestructura en materia de educación de salud, bajo un esquema distinto a las APP, donde haya posibilidad de garantizar mayores niveles de bienestar a las comunidades y a las familias de nuestro país.

En ese sentido, expuso que la nueva Ley de Inversiones en Materia de Infraestructura para el Bienestar plantea incluir inversiones mixtas, inversiones directas, inversiones mínimas, a fin de iniciar una estrategia contracíclica, sobre todo porque las últimas del Inegi revelan la necesidad de que crezca la inversión en el país, como lo ha proyectado la presidenta Claudia Sheinbaum, para que la inversión privada alcance alrededor de 24 o 25 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

Asimismo, se pretende que la inversión pública tenga un mayor dinamismo. “Hay restricciones fiscales, pero tenemos una gran cantidad de fondos, de fideicomisos, de ahorros establecidos en las afores, créditos en las instituciones bancarias y lo que queremos es que este nuevo marco legal permita una movilización nacional de todos los recursos económicos y financieros para atender las grandes necesidades que tenemos en infraestructura para el bienestar”.

El diputado destacó que este nuevo marco jurídico permitirá diseñar un régimen especial sin la necesidad de las restricciones de la legislación en materia de obras públicas de adjudicación.

Plantea, anotó, la creación de la Comisión Nacional de Infraestructura para el Bienestar, ya que las inversiones colocadas principalmente en un sector, son muy buenas, pero no pueden quedarse solamente ahí, cuando hay muchos requerimientos en materias de agua, carreteras, conectividad, salud y tratamiento de residuos.

De igual manera, indicó, se busca que haya un esquema de utilidades y beneficios mutuos y de prosperidad compartida para la iniciativa privada y el Estado.

Por otra parte, cuestionado sobre la posible desconfianza de los empresarios en el Poder Judicial tras la reciente elección de personas juzgadoras, Ramírez Cuéllar afirmó que los nuevos integrantes del Poder Judicial tienen el reto de acreditar la Independencia de sus resoluciones y la pulcritud de sus sentencias, así como la certeza de todos aquellos que concurren a que se diriman de manera adecuada los conflictos.

“Eso no se predice, no se logra en automático, la confianza es algo que se construye y se conquista. Y yo creo que toda la ciudadanía, las cámaras empresariales, el ejecutivo, los juzgadores, las juzgadoras estamos en ese reto: construir imparcialidad, construir probidad y construir un equilibrio en las resoluciones y las sentencias”, puntualizó.

Redacción