Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el senador Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, presentó un posicionamiento institucional sobre la reciente propuesta legislativa en el Congreso de los Estados Unidos que plantea imponer un arancel de cinco por ciento a las remesas enviadas por migrantes.

Durante su intervención, el senador hizo un amplio reconocimiento al trabajo coordinado de las distintas fuerzas parlamentarias para construir una postura nacional unificada en defensa de los connacionales en el exterior.

“Yo quiero iniciar esta intervención, reconociendo y agradeciendo a los coordinadores parlamentarios del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya; del Partido Revolucionario Institucional, Manuel Añorve Baños; del Partido Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda; de Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde Ecologista de México; y del profesor Alberto Anaya, del Partido del Trabajo”, señaló el senador López Hernández.

Subrayó que, más allá de las diferencias ideológicas, todas las fuerzas políticas representadas en el Senado convergieron en un objetivo común: defender los derechos de los migrantes mexicanos.

El legislador explicó que una comisión del Congreso estadounidense presentó el paquete fiscal norteamericano, denominado “The One, Big, Beautiful Bill”. Dentro de ese documento se incluye un artículo para que se grabar las remesas de todos los migrantes con un cinco por ciento.

López Hernández recordó que esta idea ya había sido esbozada por Trump en su primera campaña presidencial como una forma de financiar la construcción de un muro fronterizo, solo que no prosperó ante la oposición mayoritaria en el Congreso estadounidense.

El presidente de la Jucopo advirtió que, de aprobarse este arancel, se estarían vulnerando principios básicos de justicia tributaria y derechos humanos: “Sería verdaderamente lamentable que se impusiera este impuesto o este gravamen a las remesas que los mexicanos envían a su país. Porque es injusto que un ciudadano cualquiera pague una doble tributación… ya pagan una todos los migrantes, porque cuando reciben el salario fruto de su trabajo ya lleva un descuento”.

En ese sentido, el senador enfatizó que esta propuesta va más allá del plano fiscal y entra en una dimensión de derechos fundamentales: “Imponer un gravamen de esto sería tributariamente injusto, pero también es violatorio de los derechos humanos. ¿Dónde quedaría la fundamentación como país de los Estados Unidos cuando dice que es un país respetuoso de los derechos humanos?”, cuestionó.

Señaló la enorme contribución económica que los migrantes hacen tanto a México como a Estados Unidos. Explicó que, de los 650 mil millones de dólares en remesas que se transfieren anualmente desde Estados Unidos al mundo, México ocupa el segundo lugar como receptor, con más de 65 mil millones de dólares, sólo detrás de India.

Sin embargo, precisó que el impacto económico va mucho más allá de las remesas. “Los migrantes mexicanos generan ingresos por un total de 320 mil millones de dólares al año. De esos, más de 60 mil millones son transferidos a nuestro país… el resto se queda en la economía americana, en pago de impuestos, en servicios, forma parte de la derrama económica o del consumo interno en los Estados Unidos”, detalló.

Informó que se acordó proponer al Senado de la República la creación de un grupo plural de trabajo que represente la postura del país ante el Congreso de los Estados Unidos: “Hago un exhorto a los compañeros senadores y a los compañeros integrantes de la Permanente para dos cosas. El primero, que hagamos llegar ante la comisión correspondiente del gobierno de los Estados Unidos un documento técnico y político fijando nuestra posición, y solicitar que se constituya un grupo plural de senadores que pudiésemos asistir, comparecer en audiencias ante la comisión o ante el pleno incluso de la Cámara de Representantes”, señaló.

López Hernández informó que existe la intención de algunos congresistas norteamericanos de que este asunto se vote antes del 23 de mayo. “No es un asunto fácil. (…) Quiere decir que no hay un acuerdo en lo interno allá en el Congreso, y que nosotros tenemos que ir a esa tribuna… respetuosos del derecho que tienen los americanos, pero que se escuche la voz de nuestro país”.

Finalmente, reiteró que este esfuerzo trasciende cualquier frontera partidista y representa una obligación ética y moral del Senado de la República con los mexicanos en el exterior. “Creo que nuestro país está en posición de hablar no nada más por los migrantes mexicanos, sino por todos los migrantes del mundo”, concluyó.

Redacción