El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar la versión pública de la carpeta de investigación abierta en torno al incidente ocurrido en la línea 12 del Metro, el pasado tres de mayo.

Al presentar el asunto ante el Pleno, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez destacó que el caso “tiene una especial relevancia para el derecho de acceso a la información, ya que se ha comprobado en innumerables ocasiones que, con su ejercicio, se da la posibilidad a las personas de informarse sobre la forma en que las autoridades ejercen una función pública, así como el funcionamiento de las instituciones y, con ello, reforzar el rol fiscalizador por parte de la sociedad”.

A través de un comunicado, el INAI explicó que fue una persona la que requirió a la FGR, entre otra información, todas las denuncias presentadas por el lamentable acontecimiento en la Línea 12 del Sistema Colectivo Metro el pasado tres de mayo del año en curso.

🔶@FGRMexico debe entregar versión pública de la carpeta de investigación relacionada con el incidente en la línea 12 del Metro.@AdrianAlcala75#INAIalMomento https://t.co/jsBsxPckzh pic.twitter.com/LxtQmQ7vXp

— INAI (@INAImexico) August 26, 2021

En respuesta, el sujeto obligado (FGR) se declaró incompetente para conocer de la información solicitada, razón por la que el particular presentó ante el INAI un recurso de revisión.

El INAI destacó que durante la sustanciación del recurso, la FGR asumió competencia e indicó que había localizado una carpeta de investigación respecto de la información solicitada; no obstante, la reservó bajo el fundamento del artículo 110, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalando que se encuentra en etapa de investigación ante el Ministerio Público; además de que se encuentran en ella los datos de los denunciantes y de los imputados.

Por su parte, el comisionado Adrián Alcalá Méndez como encargado de la ponencia informó que la Fiscalía indicó que los delitos por los que se abrió la carpeta de investigación son: ejercicio ilícito del servicio público y peculado.

En este sentido, el Comisionado explicó que, del análisis realizado por su ponencia, y tomando en consideración las manifestaciones expresas de la Fiscalía, se advirtió que en este caso se actualiza la excepción a la reserva de información prevista en el artículo 112, fracción II, de la Ley Federal, ya que los delitos investigados se encuentran en el apartado denominado como "Delitos por hechos de corrupción", dentro del Código Penal Federal.

Así, al aplicar la excepción prevista en nuestra Ley, la cual señala que “no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las  leyes aplicables”.

Con ello, “garantizamos que el derecho de acceso a la información cobre una relevancia trascendental para la sociedad en general, ya que a través de su ejercicio se puede conocer información relacionada con casos en los que se investiga a servidores públicos que presuntamente realizaron actos apartados de la legalidad o de la ley”, apuntó Adrián Alcalá.

Respecto de las personas servidoras públicas o ex servidoras públicas imputadas que se mencionan en la carpeta de investigación, Alcalá Méndez puntualizó que se realizó una prueba de interés público, de la cual se determinó que, si bien se actualiza la confidencialidad derivada del derecho a la protección de datos personales relacionados con el ámbito privado de las personas, su derecho al honor y la presunción de inocencia; “lo cierto es que también dar a conocer sus nombres, permite fomentar la credibilidad de la sociedad en la rendición de cuentas, a través de la transparencia del ejercicio de la función pública que tienen conferida las personas servidoras públicas al evidenciar su actuar dada las atribuciones que representan”, manifestó.

Resaltó que la presente resolución trasciende en la importancia que la rendición de cuentas significa para la sociedad en este lamentable suceso de la Línea 12 del Metro “pues justo el día de antier, se aplazó por segunda ocasión el dictamen final de la empresa DNV, que contractualmente es responsable del Servicio de dictamen técnico del incidente ocurrido en la Línea 12, en el tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco, entre las columnas 12 y 13, y análisis causa-raíz”.

“Con la presente resolución se busca abonar a la rendición de cuentas, en relación con los fondos asignados, en principio, al presupuesto y la construcción de la Línea y posteriormente, al mantenimiento y ahora a la reparación de la misma, así como para conocer las causas que dieron origen a este lamentable accidente, razón por la cual me pronuncio a favor del derecho de acceso a la información que prevaleció en la colisión de derechos expuestos en la presente resolución y de la cual he dado cuenta”, subrayó.

Sumado a lo anterior, quiero destacar que, “cualquier acto en el que se advierta el uso de los recursos públicos destinados a la construcción o al mantenimiento de la Línea 12 del Metro, privilegiará el derecho de acceso a la información, en razón de la veracidad de los hechos ocurridos, principalmente para las personas usuarias y las víctimas del 3 de mayo de 2021; lo cual constituye un pilar fundamental de la transparencia garantizada por este Instituto Nacional”, reiteró Alcalá Méndez.

Por lo expuesto, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la Fiscalía General de la República y le instruyó entregar a la persona solicitante, la versión pública de la carpeta de investigación abierta en torno al incidente ocurrido en la Línea 12 del Metro, el pasado tres de mayo, que tuvo como consecuencia el lamentable fallecimiento de 26 personas y decenas de personas heridas.

Redacción