“El tráfico de órganos en Europa: avances recientes en la generación de mecanismos jurídicos y de cooperación para su combate”, el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República reseña el contenido de las principales políticas y puntos de acción emprendidos por la Unión Europea, el Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa (OSCE), con el fin de luchar contra el tráfico de órganos, problema global que ha incrementado paulatinamente en dicho continente despertando la preocupación de sus principales autoridades.

Asimismo, ofrece una reflexión acerca del vínculo que existe entre la crisis de refugiados y la situación sociopolítica de los países del norte de África con el aumento del tráfico de órganos y de la presencia de redes criminales, especialmente en el centro y este del continente. el mayor número de incidentes de tráfico de órganos en Europa se ha registrado en Turquía, Grecia, Albania, Macedonia y Serbia, mientras que los principales países a los que se dirigen dichos órganos son Arabia Saudita, Kuwait, Israel, Estados Unidos, Canadá y a los propios Estados miembros de la Unión Europea.

Dado que la Oficina Europea de Policía (Europol) alertó del incremento del comercio ilegal de órganos en el continente, se han comenzado a desarrollar e implementar instrumentos jurídicos vinculantes para combatir el tráfico de órganos y brindar respuestas de justicia efectivas frente a este tipo de crímenes.

El documento realizado por el CEIGB subraya la relevancia del Convenio del Consejo de Europa contra el Tráfico de Órganos Humanos, siendo este el “primer marco global para reprimir en el plano penal el tráfico de órganos humanos, proteger a las víctimas y perseguir a los traficantes”. El mencionado Convenio entró en vigor el 1º de marzo de 2018 en Albania, República Checa, Malta, Moldavia y Noruega, siendo éstos los primeros cinco países que lo han ratificado.

El acuerdo invita a promover campañas de sensibilización dirigidas al público en general sobre la ilegalidad y los peligros que representa este problema global, además de que obliga a cada Estado miembro a adoptar las medidas legislativas necesarias para establecer como delito el realizar o facilitar la extracción o implantación de un órgano humano.

Por otra parte, la investigación recupera las acciones llevadas a cabo por países como España, Italia y Alemania para frenar el creciente número de casos de tráfico de órganos. 

Con información de: Camara de senadores
Con imagen de: notimundo.com.mx