La Cámara de Diputados aprobó, con unanimidad de 406 votos, el dictamen que reforma los artículos 150 y 164 del Código Penal Federal, para inhabilitar, por un periodo de 20 años, al servidor público que favorezca la evasión de algún detenido, procesado o condenado.

Se establece, asimismo, que cuando algún miembro de una asociación o banda delictiva, de tres o más personas, sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial o si pertenece a las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, reserva o en activo, además de las penas establecidas, serán inhabilitados para desempeñar cargo o comisión públicos por un periodo que podrá ser hasta de 20 años también.

El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, señala que las sanciones que se establezcan deben ser ejemplares, es decir, que sirvan como una forma de prevención. “Si bien es cierto no es la más adecuada, también lo es que por su calidad misma de trabajadores de Estado, deben contribuir al fortalecimiento de las instituciones y no corromperse participando en conductas delictivas”, precisa.

La sanción debe ser ejemplar, abunda, porque derivado de su calidad de “servidores públicos” tienen acceso a instalaciones, sistemas, documentos, etcétera, que facilitan la comisión de un delito, por lo que se encuentra en ventaja si se compara con una persona que no tenga ese carácter.

En la fundamentación, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), señaló que nada daña más la gobernabilidad democrática de un país que la acción deshonesta de un servidor público; por ello, se debe fortalecer el marco jurídico e institucional.

La intención, dijo, es inhabilitar hasta por 20 años al servidor público que favorezca la evasión de algún detenido, procesado o condenado; y al funcionario que, perteneciendo a alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas, forme parte de una asociación delictuosa.

Indicó que se trata de castigar con mayor decisión a quienes traicionan la confianza de los ciudadanos y desprestigian la imagen de las instituciones gubernamentales. “Nada ni nadie por encima de la ley”, enfatizó.

Ibarra Hinojosa argumentó que estudios elaborados por el Instituto Nacional Electoral y el Colegio de México muestran la urgente necesidad de recobrar la confianza ciudadana, la cual de manera general supera el 50 por ciento respecto de las instituciones, salvo algunos casos cuando se trata de las Fuerzas Armadas.

Es imperativo, puntualizó, que este Congreso redoble esfuerzos para sancionar a aquellos servidores públicos o funcionarios que lastimen la relación del gobierno con los ciudadanos. “Estas reformas contribuyen a la construcción de un México sin corrupción, sin impunidad, y a un México de ciudadanos empoderados. No permitamos más que malos servidores públicos dañen la fuerza del sistema democrático”.

En los posicionamientos, la diputada Carmen Victoria Campa Almaral (Nueva Alianza) se manifestó por aumentar la sanción de inhabilitación de un funcionario público que ayude y favorezca la evasión de un reo, ya que actualmente dicha norma establece una sanción de cinco años, lo que se busca es incrementarla hasta 20 años a fin de inhibir la comisión de ese delito, que mina y vulnera la confianza de la ciudadanía.

La fuga de reos, expuso, deja al descubierto no solo la complicidad de servidores públicos de diversas instituciones de seguridad y de procuración de justicia, sino el grave problema de corrupción que se vive en el sistema penitenciario, además de que evidencia formas profundas de deficiencias estructurales de la justicia, por lo que resulta necesario y conveniente fortalecerlo.

Víctor Manuel Sánchez Orozco, diputado de Movimiento Ciudadano, destacó la importancia de combatir la corrupción de los agentes policiales o los integrantes de las Fuerzas Armadas. “Quienes ayudan a evadir a un preso, por supuesto que están traicionando la confianza de las y los mexicanos. Combatir la impunidad debe ser el gran reto que debemos tener todos”.

Se requiere un sistema de justicia penal que sea eficaz. Por ello, se pronunció por revisar el modelo policial en México. “Hemos presentado recientemente una iniciativa donde planteamos que haya una contrarreforma al 123 constitucional y donde se establezcan derechos para que los buenos policías no caigan en corrupción”.

El diputado Alfredo Basurto Román (Morena) señaló que no porque se incrementen las penas se va a erradicar la comisión de los delitos. “El problema de la impunidad y corrupción radica en que se están aplicando las políticas criminales a la inversa. No se está atacando de fondo, por ejemplo, la capacitación y la educación de los cuerpos policiacos ni de los custodios que se encargan de velar por el internamiento de los reos”.

Refirió que en 2014, los índices de inseguridad y de internos en las cárceles del país fueron alarmantes, pues se tuvieron 2 mil 459 incidentes en los diversos centros reclusorios del país, donde participaron más de mil 789 reos y lo más que se cometieron fueron riñas, motines e intento de evasión de presos, lesiones y homicidios y suicidios.

Por el PVEM, el legislador José Alberto Couttolenc Buentello argumentó que el dictamen fortalece las instituciones de seguridad pública mediante la actualización del Código, pues hoy los funcionarios que participen en el escape del sentenciado deberán ser sujetos a un proceso que implique no solo la imposición de una pena privativa de la libertad, sino la inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta por un periodo de 20 años.

Añadió que es necesario remover todos aquellos obstáculos que impiden que en el país se haga justicia. “Apoyamos el decreto que busca fortalecer los mecanismos de impartición de justicia para así garantizar que existan sanciones suficientes para quien decida traicionar a la sociedad y dejarse corromper por los criminales”.

El diputado Arturo Santana Alfaro (PRD) señaló que la importancia de fortalecer las instituciones penitenciarias del país; sin embargo, dijo, se ha incurrido en un abuso sistemático en este tipo de reformas. Se requiere un sistema carcelario que le dé la opción a México de crear verdaderos sistemas de prevención de estas fugas.

Se manifestó por promover un servicio civil de carrera en el sistema penitenciario; formas y reformas que garanticen el modus vivendi de estos funcionarios, para evitar que se sigan reiterando y que se sigan dando esas fugas de presos.

De Acción Nacional, el diputado José Hernán Cortés Berumen resaltó que el servidor público tiene el deber de servir a la nación. Esta tradición y honor de servir, dijo, pareciera que en México se ha diluido y para muchos hoy en día no representa más que ganar un salario, y en la inmensa mayoría lo es todo, menos digno.

“Vemos favorable que se impongan sanciones ejemplares a aquellos servidores públicos que infrinjan la ley. Se deben buscar mecanismos para disminuir al punto de la extinción los incentivos que orillan a delinquir a los servidores públicos. Esta reforma no resuelve este problema, pero sí contribuye a dar un paso al señalamiento de que se debe hacer más para erradicar la estela de impunidad que permea en la sociedad”, añadió.

La diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo (PRI) expresó que actualmente las sanciones a los servidores públicos que colaboren con o formen parte de una asociación delictuosa, oscila entre uno y cinco años; por ello, se debe acabar con la impunidad mediante acciones eficientes de justicia. “Nadie debe estar por encima de la ley”, expresó.

Llamó a combatir la corrupción entre servidores públicos, impulsar acuerdos entre los Poderes de la Unión, los órdenes de gobierno y la sociedad organizada para acabar con la violencia, corrupción e impunidad. “México necesita la voluntad de cada uno de nosotros, servidores públicos, de compartir la responsabilidad para velar por el interés superior de la nación”.

Posteriormente, concluyó la sesión y se citó a la que tendrá lugar el jueves 9 de febrero, a las 11:00 horas.

Redacción
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