El Pleno cameral exhortó al Poder Judicial de la Federación para que difunda el estado que guarda el proceso del michoacano José Manuel Mireles Valverde; tome las medidas pertinentes con objeto de garantizar su salud, y resuelva inmediatamente su situación jurídica.

La diputada de Morena, Norma Xochitl Hernández Colín, a nombre de su compañera de bancada, Blanca Margarita Cuata Domínguez, fundamentó el punto de acuerdo considerado de urgente resolución y aprobado en votación económica.

Relató que desde el 24 de febrero de 2013, fecha en que surgieron los grupos de autodefensa en Michoacán, José Manuel Mireles Valverde se convirtió en una figura de referencia de estas organizaciones en la lucha contra el crimen organizado.

Indicó que el 26 de junio de 2014, el líder de las autodefensas encabezó una operación de su grupo, para tomar el control de la Agencia Municipal de La Mira, ubicada en la zona costera de Michoacán, anunciando que se realizaría una operación similar en el puerto de Lázaro Cárdenas, pero al día siguiente fue detenido junto con 83 integrantes de su grupo, acusados de portación de armas exclusivas del Ejército.

En ese momento, afirmó, la salud de Mireles Valverde era delicada, puesto que además de padecer diabetes, el 5 de enero de 2014 había sufrido un accidente en una avioneta, en el municipio de La Huacana, que le ocasionó traumatismo craneoencefálico y dislocación de mandíbula.

La diputada expuso que la defensa y la familia aseguran que ninguno de los delitos por los que permanece en la cárcel, como son posesión de armas en uso exclusivo del Ejército y de drogas, se sostiene, y que estaría en condiciones legales para su liberación; sin embargo, la realidad es que Mireles “sí es un preso político sometido a un trato injusto por parte del gobierno federal”.

Sobre el tema, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (Movimiento Ciudadano) puntualizó que en el país no hay justicia “porque, si hubiera, personas inocentes como Mireles no estuvieran presas. Su único delito es haber defendido a los ciudadanos; se enfrentó al crimen organizado como pocos hombres y mujeres lo han hecho en este país”.

Agregó que el proceso penal está plagado de irregularidades e inconsistencias jurídicas. “Mireles es un perseguido político, está siendo violentado en sus derechos humanos más elementales, como el de la salud, porque no se le da el tratamiento adecuado; se le tiene en una cárcel de alta seguridad cuando no es un delincuente peligroso. El gobierno federal lo utilizó y ahora lo reprime”.

La diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones (PVEM) se manifestó a favor de que prevalezca el Estado de derecho y el respeto a las instituciones de seguridad y justicia reconocidas en la Constitución. “Creemos firmemente que a los individuos sujetos a proceso, se les debe proteger para que no sean vulnerados sus derechos humanos, incluido el de la salud, a un juicio justo y apegado a derecho”.

Relató que la situación de seguridad que atravesó Michoacán fue crítica y las autodefensas que se formaron para enfrentar dicho objetivo debían desaparecer, para lo cual fue enviado un comisionado especial para la transición de estos grupos armados hacia un reconocimiento e incorporación a las fuerzas de seguridad municipales y estatales; sin embargo, “Mireles se negó a entregar las armas y a reencauzar su lucha a través de las instituciones establecidas y reconocidas en la ley”.

Por el PRD, el diputado Erik Juárez Blanquet dijo que el caso Mireles era excepcional, pues por su propia seguridad y por ser el rostro mediático y simbólico de los autodefensas necesitaba garantías y “una de ellas era la de la portación de sus armas, pues era probable que atentaran contra su vida al deponerlas”.

Mireles, argumentó, comete el error de no solicitar el mantenimiento de sus armas y cuando la problemática de seguridad ha sido asumida por las autoridades locales de manera eficiente, “vemos que quienes contaron con el beneplácito del gobierno federal hoy se encuentran encarcelados acusados por delitos federales. Este caso es eminentemente político, pues se trata de un hombre que decide proteger a sus paisanos y es encarcelado, sin garantías, sin proteger sus derechos humanos, sin acceso al debido proceso, y sin atención médica adecuada”.

José Antonio Salas Valencia, diputado del PAN, mencionó que el caso de José Manuel Mireles tiene particular relevancia y atención especial. “No podemos dejar que las detenciones y encarcelamientos de los mexicanos sean asuntos políticos, ni permitir que la justicia del ex líder de las autodefensas ceda ante los intereses del gobierno federal. Pero tampoco podemos exigir su liberación, sin el procedimiento legal correspondiente”.

Recordó que los grupos de autodefensa surgieron como una reacción legítima frente a la opresión y la impunidad, pero “no debe perderse de vista que no solo se hallaban fuera de la ley, sino que implicaban muchos riesgos, tales como la infiltración por delincuentes, conflictos armados internos, abusos contra la población por falta de disciplina y desafíos a la autoridad del Estado”.

El diputado Víctor Manuel Silva Tejeda (PRI) se sumó a la propuesta de exhortar al Poder Judicial para que dé cuenta del estado que guarda el proceso bajo el cual está sujeto José Manuel Mireles, ya que “consideramos que se debe conocer con claridad en qué grado y en qué condiciones se encuentra, pero no solamente eso, sino estamos preocupados por su salud; solicitamos se dé un informe claro y contundente”.

Precisó que Michoacán ha vivido una etapa difícil y más en los años 2011, 2012 y 2013, pero hoy tiene otra cara, se respira otro ambiente. En la entidad, relató, ha funcionado el mando único y el gobierno federal ha hecho presencia constante. “Nosotros atestiguamos que el gobierno de la República seguirá apoyando a los michoacanos”.

Con información de: agencias
Imagen de: Revista Punto de Vista