En México, 9 de cada 10 llamadas de emergencia que se hacen son falsas o improcedentes, lo que significa alrededor de 9 millones mensuales; por ello, la Comisión de Justicia analiza exhortar a los ejecutivos estatales para que, en coordinación con sus congresos locales, homologuen y, en su caso, incluyan en sus legislaciones sanciones por el uso indebido de estos sistemas de auxilio.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2015 se recibieron 90 millones de llamadas de emergencia, de las cuales el 75 por ciento fueron falsas. Además, en el primer semestre de 2016, de 58 millones 924 mil 507 llamadas, el 90 por ciento eran improcedentes.

Un punto de acuerdo impulsado por la Comisión de Seguridad Pública, presidida por el diputado Jorge Ramos Hernández (PAN), precisa que el reporte de hechos falsos es una conducta recurrente que afecta al sistema de seguridad de manera considerable, provoca pérdidas materiales y distrae de verdaderas incidencias.

Destaca que este tipo de llamadas moviliza a las unidades de emergencia, como policía preventiva, bomberos, rescate, protección civil y atención médica, situación que genera importantes costos al erario.

Por ello, menciona, se busca compensar el daño provocado y desincentivar esta conducta. Además, dados los índices de sobrepoblación penitenciaria, un enfoque punitivo dirigido a la reclusión de los infractores de este delito, no es el idóneo.

En la propuesta, la Comisión de Seguridad Pública resalta que el mayor incremento en llamadas falsas se da durante los periodos de vacaciones escolares.

Ante ese panorama, considera fundamental homologar las sanciones en los códigos penales de cada uno de los estados, sobre todo cuando el Sistema Nacional de Seguridad Pública está compuesto por autoridades de distintos órdenes de gobierno.

Con información de: Cámara de diputados
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