El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, exigió que se detenga la “aberración” de la reforma a la Ley del Infonavit, y por el contrario, el gobierno ofrezca tierra y facilite los trámites.

“Que detengan este atraco, que detengan este robo. Segundo, ¿qué proponemos? Que el gobierno haga lo que sabemos que sí funciona, que ofrezca tierra, que facilite los trámites y que sean los particulares los que arriesguen su dinero, que sean empresas privadas las que construyan las casas y si ellos se salen de presupuesto o no terminan a tiempo, pues perderán su propio dinero, pero no el dinero de los trabajadores”, destacó.

Luego de que se cancelara la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda, el senador por Querétaro expuso que el PAN se suma a la exigencia de sindicatos y empleadores para detener este robo.

Puntualizó que el corazón del atraco no lo quieren modificar, que es el artículo, donde el Infonavit puede disponer de todos los recursos bajo su administración, incluyendo la subcuenta de vivienda.

“Estamos hablando de que el Infonavit pueda disponer de más de 2 billones de pesos, que no son del gobierno, son de los trabajadores, son ahorros personales que están en cuenta del banco de los trabajadores en lo que se llama subcuenta de vivienda”, señaló.

Además, pretenden crear una empresa filial que a nadie le va a rendir cuentas, porque ni siquiera la Auditoría Superior de la Federación va a poder revisar lo que haga esa empresa y el pronóstico es que van a quebrar.

“La constante con este gobierno es que cuando hace obra pública, le termina costando mucho más cara la obra, número uno, y número dos, tarda mucho más en terminar las obras”.

Ejemplificó que, en los registros públicos de Dos Bocas, iba a costar 8 mil millones de dólares, pero terminó en 20 mil millones de dólares. Dijeron que estaría concluida en 2022 y a la fecha está operando al 10% de su capacidad.

Segundo ejemplo, el Tren Maya, iba a costar 156 mil millones de pesos y terminó en 500 mil millones de pesos, además de que el retraso fue de más de un año. “Eso mismo en un fraccionamiento de casas de interés social implica quebrar a la empresa”, destacó.

Ricardo Anaya concluyó que si quiebra esa empresa filial que ellos van a controlar y manejar a discreción, no va a perder dinero el gobierno, sino las y los trabajadores, porque de entrada quieren usar 600 mil millones de pesos, pero ahí hay hasta 2 billones de pesos en la subcuenta de vivienda.

Redacción