Las y los senadores del Partido Acción Nacional votarán a favor de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero en contra de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia porque implica un gobierno espía.

Así lo aseguró el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Ricardo Anaya Cortés, quien lamentó que este periodo extraordinario que hoy concluye pasará a la historia como uno de los más oscuros en la historia moderna de nuestro país.

“Va a pasar a la historia como el periodo extraordinario en el que se consolidó el gobierno espía. Y es lo de menos que espíen a opositores, que los espíen a ustedes para disciplinarlos”.

Al fijar postura de la bancada del PAN en la Cámara Alta, señaló que la Ley de Seguridad es un reconocimiento de que la estrategia de abrazos y no balazos fue un absoluto fracaso.

Por ello, expresó su acuerdo en lo logrado en Cámara de Diputados, de eliminar el registro de usuarios de telefonía línea móvil, la creación del gabinete de seguridad, las mesas de paz y la certificación policial.

Sin embargo, se dijo convencido de que la Ley de Investigación e Inteligencia es literalmente “el último clavo al ataúd para acabar con la privacidad en México e instaurar el gobierno espía”.

El líder del GPPAN hizo un recuento de las leyes aprobadas por Morena que vulnerarán la privacidad de los ciudadanos.

En Telecomunicaciones, la geolocalización sin orden judicial, la suspensión de transmisiones y el patrón de telefonía móvil, que establece que ahora para obtener un teléfono hay que entregar la CURP biométrica.

“El veneno del gobierno espía” en la Ley General de Población, indicó, está principalmente en el 91 sexties, porque para contratar cualquier servicio, Amazon, Rappi, Uber Eats, el hotel en el que te hospedes, se pedirá también CURP biométrica.

“Entonces, si sacas tu licencia lo mismo, CURP biométrica, un contrato de luz, de agua, de gas, el gobierno espía va a saber absolutamente todo. Todos los registros asociados a trámites y servicios deberán incorporar la CURP”.

En cuanto a la Ley Antilavado se le otorgará facultades a la Secretaría de Hacienda para meterse en cualquier base datos, incluida la del INE y también con la de Guardia Nacional, concluyó.

Redacción